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La clase política a la que se le entregó el ejercicio del poder público el 14 de enero de 1986 no entendió que tenían la misión histórica de construir una democracia institucional, sustentada en un régimen de legalidad coercible y previsible, así como en un sistema de justicia eficaz. Por el contrario, instauró una “plutocracia electorera”, basada en el clientelismo político (intercambio de favores por votos y apoyo político) y en la inversión de cuantiosas cantidades de dinero en propaganda masiva, que con el tiempo de tornó permanente, abusiva, ofensiva e insoportable. El oficialismo, es decir el grupo político en el ejercicio del poder público, una y otra vez comenzó a hacer campaña electoral por su “delfín”, es decir por el supuesto sucesor del gobernante de turno a base del uso y abuso de los recursos públicos. La oposición, por su parte, negoció los apoyos al oficialismo en el Congreso
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