Durante los anteriores procesos electores, desde que se instaló el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 30 de junio de 1983, las autoridades electorales, en alguna medida, han informado a la ciudadanía, de manera cierta y periódica, sobre la organización de los comicios, la logística electoral, la depuración del padrón electoral, la seguridad en los centros de votación, la funcionalidad del sistema informático y la integración de las juntas electorales y receptoras de votos. Aunque se reconoce que la actual magistratura del TSE, por primera vez en la historia, ha manifestado voluntad política en torno a calificar si los candidatos a cargos de elección popular son capaces, idóneos y honrados, y ha puesto el dedo en la llaga en cuestión de gastos de campaña, la información con la que cuenta la ciudadanía, a estas alturas, es insuficiente, incompleta e incierta, para adoptar cualquier actitud en defensa de sus derechos cívicos y