El fraude supone el engaño, que es hacer creer lo que en realidad es mentira o falso, mientras que el ardid es el medio que se emplea con habilidad y astucia para hacer valer una mentira o para burlar o impedir la aplicación de la ley. Por consiguiente, el fraude electoral es el engaño y el ardid con miras a irrespetar o socavar dolosamente un proceso electoral justo, falsear la voluntad popular, violar el derecho a la igualdad política o defraudar la democracia republicana.   La CICIG ha revelado violaciones flagrantes del límite máximo de gastos de campaña electoral, así como ha venido denunciando a actores políticos por la presunta comisión del delito de financiamiento electoral ilícito, que tipifica y sanciona la obtención de recursos para fines eleccionarios provenientes del crimen organizado, del lavado de dinero o de otras fuentes ilícitas.   La inobservancia de las reglas del financiamiento político,