El primer artículo de la Constitución establece que la razón de ser del Estado es “proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. El texto constitucional parte de la premisa que nuestro sistema es moderno, y que aspira a coordinar las relaciones sociales para promover el bienestar del colectivo. Sin embargo, el Estado guatemalteco aún mantiene rasgos premodernos, sobre todo, en el funcionamiento operativo del aparato estatal.   En estas latitudes no hemos alcanzado una característica de la modernidad: la distinción entre el dominio público y el dominio privado en la esfera de lo político. En Guatemala los bienes del Estado se conciben como patrimonio al servicio de los intereses de los gobernantes. Para muestra, los contratos públicos y la proveeduría del Estado se han convertido en la segunda mayor fuente de riqueza emergente, detrás de lo il ícito. Asimismo, las