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El pasado jueves, el Congreso, con el voto de cien diputados, aprobó, mediante el decreto 39-2022, la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, desarrollada en 44 artículos. El supuesto objeto de la referida ley es proteger los datos personales e intimidad informática, especialmente de los niños y adolescentes, que son los más vulnerables a grupos ilícitos que operan a través de las redes sociales, así como crear delitos contra la ciberdelincuencia; sin embargo, la normativa criminaliza la divulgación de información personal y laboral (datos, imágenes, evidencias, relaciones) sobre funcionarios y empleados públicos, quienes quedan facultados para denunciar afectaciones…
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