El martes pasado, la aplanadora oficialista en el Congreso aprobó un “acuerdo inconstitucional” por medio del cual se ordenó archivar el decreto 18-2022 del Congreso, a través del cual se aprobó la polémica Ley para la Protección de la Vida y la Familia, al igual que ocurrió, en noviembre de 2020, con el decreto 33-2020 del Congreso, contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del ejercicio fiscal 2021, por Q99.7 millardos, que jamás se ejecutó, a pesar de haber cobrado plena validez y vigencia de acuerdo con nuestra Carta Magna. Conforme la Constitución, después de aprobado un…