A la CICIG le quedan seis meses de vida que serán de incertidumbre. En ese periodo se atraviesan tres elecciones de los poderes centrales del Estado y una transición prolongada entre el gobierno entrante y saliente. Es claro que el Pacto de Corruptos gana con el desmantelamiento de la Comisión, pero no es tan obvio que la rueda de la justicia retrocederá exactamente sobre sus huellas para restaurar de manera plena el antiguo régimen de corrupción e impunidad. Los más golpeados por la remoción en curso del régimen patrimonialista, o sea, poderosos grupos económicos y políticos que dominan el Ejecutivo y el Congreso costearon durante los últimos cuatro años con abundantes recursos –y haciendo gala de sus influencias– la contención y desbaratamiento de una armazón institucional aún frágil en la Fiscalía, la Policía, los Tribunales y en la propia Contraloría que, por su independencia, amenazaba sus intereses. Hay que