En un estado democrático deben respetarse los derechos humanos, conceptualizados en las normas jurídicas. En el caso de Guatemala, la Constitución en su Artículo 46 reconoce que en materia de Derechos Humanos los tratados y convenios internacionales, ratificados por el Estado tienen supremacía y no pueden dejar de aplicarse. Por lo tanto, la decisión del Congreso de reformar la Ley de Reconciliación que busca amnistiar a los responsables de delitos de lesa humanidad, violenta la Constitución, los tratados internacionales, resquebraja el débil sistema democrático y el Estado de Derecho. Un sector del Congreso argumenta que la amnistía contribuiría a la reconciliación. Esto es falso. La modificación es una intromisión del poder Legislativo sobre el poder Judicial. Además, pone en peligro la vida de las víctimas, testigos, peritos, fiscales y jueces al liberar en 24 horas a los condenados por casos de asesinatos, desaparición forzada, violaciones sexuales, genocidio entre otros.