Si partimos de que la educación es un derecho humano, un servicio público estratégico para forjar una nación inclusiva, una democracia participativa y un modelo económico para la vida, debemos revisar con tiento su naturaleza político-ideológica y su diseño institucional. En la coyuntura nacional, el Pacto de Corruptos sigue negociando el recorte presupuestario a la Usac, PDH, OJ y MP, están aceitando la maquinaria clientelar de 2019 donde reinará la corrupción e impunidad. Por lo tanto, no es prioridad democrática reorientar la inversión pública para la enseñanza agropecuaria y promoción de la ciencia y la tecnología, tal y como rezan los Artículos 79 y 80 de la CPRG, y los Acuerdos de Paz, específicamente el ASESA y AIDPI. El paradigma actual de la educación pública en Guatemala lleva en su ADN el anticomunismo, el oleaje privatizador del Consenso de Washington, el modelo de gestión neoliberal donde el pensamiento crítico