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Ha sido tradición en nuestro país que se cierren los tribunales de justicia como consecuencia de las vacaciones de los funcionarios y empleados judiciales. La razón del cierre es simple: todos los servidores públicos que trabajan en cada tribunal salen de vacaciones al mismo tiempo: magistrados, jueces y auxiliares de justicia. A primera vista, estas decisiones parecen muy lógicas y razonables. Sin embargo, esta impresión se desvanece con interrogantes como las siguientes: ¿No contribuye a la violación del derecho constitucional al debido proceso y a una administración de justicia pronta y cumplida, que es la violación de mayor incidencia en nuestro país, que los procesos judiciales se detengan por un mes, con motivo de las vacaciones de los burócratas? ¿Cuáles son las implicaciones y consecuencias de que los procesos judiciales se suspendan o interrumpan, porque el respectivo tribunal está cerrado por vacaciones? ¿Quién resuelve una petición de emergencia dentro de
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