A finales de julio de este año, el Congreso aprobó el Acuerdo 22-2017, mediante el cual se facultó al Organismo Ejecutivo para que, “en forma inmediata”, solicitara al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la celebración de una consulta popular sobre el acuerdo especial para someter el diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), suscrito por los gobiernos guatemalteco y beliceño el 8 de diciembre de 2008. El lunes pasado, el TSE anunció que había programado la celebración de la respectiva consulta popular para el domingo 18 de marzo del 2018. En el decreto de convocatoria se establece que, a partir de la fecha de publicación del mismo, se podrán realizar campañas de divulgación, información y formación cívica a favor de someter o no el diferendo territorial a la CIJ. Sin embargo, se prohíbe el uso de recursos públicos para la divulgación cívica.