Existen tres razones para explicar por qué gobiernos democráticos y en teoría respetuosos de los derechos humanos callan ante la condena del preso político más importante de América Latina de los últimos tiempos: el venezolano Leopoldo López. Recordemos que fue sentenciado a 13 años de prisión por incitar, mediante discursos y tweets a sus simpatizantes, a la violencia en diversas manifestaciones, llevando a la muerte de varios en 2013. Es decir, se le encarcela por lo que dijo y escribió, y por las acciones de otros (evocando la “disolución social” de Díaz Ordaz en 1968). Y recordemos que el juicio no fue público, que el gobierno presentó a 108 testigos a su favor durante 600 horas de audiencia, que la juez desechó a 58 de 60 testigos de la defensa, que los dos aprobados no aparecieron, y que López solo tuvo tres horas para defenderse. La primera razón es obvia.