La masacre de Chixoy no fue un horror aislado sino la pauta que marcó la historia de las inversiones hidroeléctricas en Guatemala. No es limpia una energía que necesita criminalizar líderes, talar bosques, matar lentamente a familias que viven de un río sagrado e incumplir acuerdos internacionales para lograr imponerse. Bernardo Caal pasó cuatro años en prisión por denunciar esto. Ahora está libre y con su pueblo, pero los ríos siguen presos para beneficio privado en un país donde se sufre por el derecho a la energía eléctrica.   Una filtración reveló que la mina de níquel en El Estor, entre muchas cosas, financia a la policía para reprimir y esconde los hallazgos sobre la contaminación que documenta. Eso no es una excepción sino la norma de las inversiones extractivas. Es la historia, por ejemplo, de Ixquisis, donde el BID retiró recientemente su financiamiento a una hidroeléctrica dados los atropellos