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Opiniones de hoy

Extinción de dominio a favor de la población


La Ley de Extinción de Dominio debe ser reformada urgentemente…

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Con el hallazgo de 122 millones contenidos en maletas encontradas en una propiedad de uso del exministro “genio y valiente” José Luis Benito de Jimmy Morales, vale la pena discutir a dónde van a parar esos recursos y a quién deberían llegar efectivamente.

La corrupción es un impuesto que castiga principalmente a la población más pobre del país que deja de recibir servicios básicos vitales como educación, salud, agua, transporte, caminos, etc por el desvío de fondos a bolsos de las fuerzas corruptoras.
En este caso se presume que los recursos tienen origen en sobornos pagados a cambio de obras de infraestructura que debieron estar invertidos en caminos rurales y carreteras cuya carencia mantiene la economía del país con pobre desempeño y con alta desocupación y desempleo.

De acuerdo a la ley de extinción de dominio y su reglamento, el dinero incautado debe ser destinado a fondos privativos de los ministerios de Defensa y Gobernación, Organismo Judicial, Ministerio Público y Procuraduría General mediante un proceso lento y burocrático.

La percepción dominante de la ciudadanía es que si los fondos robados tenían como destino la satisfacción de necesidades sentidas de la población, esos fondos deberían ser restituidos en servicios públicos y programas sociales.
No hace sentido que fondos orientados a construir caminos rurales que faciliten la salida de productos agrícolas o de otra índole de comunidades alejadas y empobrecidas, terminen en fondos privativos de instituciones que incluso están señaladas de tener asocio con el crimen organizado.

Para que la población se identifique con la misión de combatir el crimen organizado el Estado y sus instituciones deben hacerla parte de los benéficos y no solo exigirle que denuncie.
Una población que sabe que los recursos del crimen organizado le llegarán en programas sociales y económicos, estará más dispuesta a apoyar en tareas de denuncia e información para desbaratar bandas criminales, sean estás de corrupción, narcotráfico, extorsión o cualquier otro delito tipificado en la ley de extinción.
Por el contrario, hemos visto cómo poblaciones sirven de escudo protector de muchas bandas criminales porque perciben que la alianza con esas bandas les trae más beneficios directos que los que el Estado les da.

La Ley de Extinción de Dominio debe ser reformada urgentemente porque el espíritu de la misma está perdiendo legitimidad frente a la población que observa cómo se incautan grandes sumas de dinero y propiedades pero nunca ve el destino ni el impacto de esos recursos.

Podemos trasladar la misma pregunta que hace la gente en la calle de cara a los recursos extraordinarios aprobados para la pandemia ¿Dónde está el dinero? Y la respuesta llegará tarde y cuando llegue igual dejará insatisfecha a la población.

Obviar la discusión de esta reforma es un indicador muy claro de que la representación política en el Congreso no busca desalentar el crimen organizado en el país sino más bien representarlo en sus intereses.

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