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Opiniones de hoy

Postergando prevenir el riesgo sistémico

opinion

Negligencia el Congreso de la República.

Aunque un banco y una sociedad financiera relativamente pequeñas, a solicitud de la Superintendencia de Bancos (SIB), fueron intervenidas por la Junta Monetaria (JM) a finales del año pasado, podemos afirmar que el sistema bancario, en su conjunto, hasta ahora sigue manteniéndose sólido, líquido y solvente.

Además, la Ley de Bancos y Grupos Financieros (LBGF) establece un mecanismo de regularización, suspensión de operaciones y exclusión de activos y pasivos aplicable a bancos, que cuando ha sido necesario ponerlo en ejecución ha funcionado razonablemente bien y se ha podido seguir atendiendo las cuentas y el dinero de los depositantes trasladándolos a otros bancos diferentes al que forzadamente entra en proceso de liquidación. Esto ha implicado el cierre definitivo del banco suspendido.

Durante el período de regularización por deficiencia patrimonial y antes de declarar la suspensión de operaciones, la SIB puede designar un representante con derecho a veto ante el Consejo de Administración y con poder de remoción de directores y ejecutivos del banco. Pero una vez se suspenden las operaciones, la resolución bancaria queda a cargo de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, entrando a funcionar el Fondo para la Protección del Ahorro (FOPA), mientras los pasivos y activos del banco suspendido se trasladan a uno o más bancos, quienes siguen atendiendo sin mayor contratiempo a los usuarios. Es un buen mecanismo.

Para que esto funcione, es necesario que los bancos que se hagan cargo de las operaciones del banco suspendido tengan la capacidad patrimonial, financiera, operativa, informática, personal, instalaciones, agencias, planta y equipo suficientes para absorber sin contratiempo el servicio y atención de los clientes del banco intervenido.

Pero esto no es factible cuando se trata de un banco, denominado sistémico, viable, que por ser demasiado grande no es posible que otros bancos, uno o varios, posean la capacidad para absorber sus operaciones, por lo que no procedería su intervención para suspender sus operaciones sino, por el contrario, para que continúe operando y así poder continuar atendiendo a sus clientes.

Los demás países tienen un mecanismo de este tipo, excepto Guatemala, por lo que la Junta Monetaria desde 2016 requirió la reforma de la LBGF (iniciativa de Ley 5157), que sigue en el Congreso de la República sin ser aprobada. Aunque la negligencia es del Legislativo, es una lástima que estos temas realmente importantes sigan siendo relegados. Siempre es mejor prevenir que lamentar.

Es una reforma para proteger a los depositantes, mientras accionistas y administradores deberán responder por sus eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales. La iniciativa ya tiene dictamen favorable, aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía y Comercio Exterior, pero el pleno sigue parecer distraído en otros asuntos.

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