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Opiniones de hoy

Debe reformarse la Ley de Comisiones de Postulación


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El Congreso, mediante el Decreto 19-2009 de fecha 21 de mayo de 2009, aprobó la Ley de Comisiones de Postulación, cuyo propósito es regular y establecer mecanismos y procedimientos, objetivos y concretos, en cuanto a la selección de las nóminas de candidatos a cargos que ejercen funciones públicas de relevancia para el Estado de Guatemala, tales como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, el Contralor General de Cuentas, el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, el Procurador de los Derechos Humanos y cualquier otro que fuere designado por intermedio de Comisiones de Postulación.

En dicha ley se establece que solamente los aspirantes que respondan a la convocatoria pública de las Comisiones de Postulación pueden ser postulados como candidatos a ocupar los cargos públicos respectivos, lo que impide la posibilidad de que los comisionados, previo consenso y sin compromiso, puedan invitar a participar a profesionales universitarios que tengan los méritos académicos, profesionales y éticos para ocupar los correspondientes cargos públicos, extremo que sí era permitido antes de la vigencia de la indicada ley.

Asimismo, al establecerse en la Ley de Comisiones de Postulación que todas las reuniones de las comisiones deben ser públicas, se impide que se lleven a cabo sesiones privadas con la presencia de todos los comisionados en las mismas sedes de las Comisiones de Postulación, en las que dichos comisionados puedan debatir amplia e irrestrictamente sobre los aspirantes antes de proceder a votar públicamente, lo cual fue muy sano antes de la vigencia de la mencionada ley, porque permitía a los comisionados, sin inhibiciones o pánico escénico, intercambiar información y puntos de vista sobre los aspirantes, en función de un voto más consciente y sustentado. La máxima publicidad a la hora de deliberar es como que se obligara a los magistrados de tribunales colegiados que deliberaran públicamente ante las partes y sus abogados, así como ante los medios de comunicación social y la opinión pública antes de emitir sus fallos o sentencias. Lo anterior sin perjuicio de que, de todos modos, algunos comisionados se reúnen en secreto en abierta violación de la normativa impeditiva, lo que es, además de ilegal, visto como sospechoso.

Por otro lado, la citada ley establece que los comisionados, reunidos en subcomisiones, sean los que asignen puntuaciones subjetivas, es decir a su leal saber y entender, a los aspirantes, sin que estén obligados a recurrir a un procedimiento de selección por oposición, tal y como lo exige la Constitución y la Ley del Servicio Civil. De esa cuenta, las puntuaciones resultan ser antojadizas y, por si esto fuera poco, ni siquiera son relevantes a la hora de decidir, como se ha podido observar en reiteradas oportunidades.

Por consiguiente, en nuestra opinión, debe flexibilizarse lo relativo a la participación de aspirantes, en el entendido que las Comisiones de Postulación no son una oficina de empleos, sino que son una suerte de tamiz para una mejor selección de quienes ocuparán los cargos públicos respectivos, que deberían ser los mejores de los gremios. Asimismo, debe permitirse la deliberación de los comisionados en sesiones privadas. Además, la evaluación de aspirantes debe llevarse a cabo a través de un procedimiento de selección por oposición a cargo de expertos en la materia y que se obligue a los comisionados a escoger entre los mejor evaluados.

Convendría, finalmente, que los órganos colegiados decisores (Congreso, Consejo de Ministros y demás) elijan a los funcionarios respectivos con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes de sus miembros.

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