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Opiniones de hoy

Una ley terrorífera

opinion

La lucha contra la delincuencia, es importante, pero más importante es crear fuentes de trabajo y programas sociales que contribuyan a rescatar a la juventud de las garras del crimen organizado.

Con la excusa de combatir a las pandillas, en otras palabras exterminar a sus miembros con la violencia del Estado, se pretende pasar una ley contra el terrorismo que lleva una dedicatoria especial a todo el movimiento social, es decir a todo el que proteste, que atente contra la paz social o que afecte el orden público, sufrirá la pena de seis a doce años de prisión. De esa iniciativa se desprende la criminalización a cualquiera que promueva una protesta contra el orden establecido, por lo que los líderes comunitarios que luchan contra la minería, las hidroeléctricas, la defensa del territorio o quienes se manifiesten contra los diputados o por el respeto a los derechos humanos y la vida, podrán ser detenidos y procesados o simplemente acusados de pertenecer a un pandilla y ser eliminados.

Ojalá y las organizaciones sociales y los sectores democráticos, comprendan los alcances de esta ley y luchen porque no se apruebe, pues representa dar mano libre a las fuerzas de seguridad para eliminar o detener a muchos jóvenes inocentes que ante la ausencia de fuentes de trabajo o forzados por amenazas, forman parte de una pandilla. Creo que Giammattei y los diputados no solo retan a las pandillas, sino a las diversas organizaciones e incluso a los periodistas y a los medios de comunicación, pues cualquier crítica podría tomarse como intentos desestabilizadores.

Parece que no basta la militarización que ya sufren los municipios de Mixco, Villa Nueva y San Juan Sacatepéquez, así como los múltiples registros de personas y vehículos que se hacen en diversos puntos de la capital y las carreteras, la intención es mantener la zozobra, impedir cualquier tipo de protesta contra las transnacionales que aprovechan el territorio nacional para extraer minerales y afectan la naturaleza sin resarcir al país por los daños que ocasionan.

Hay que recordar que terrorismo de Estado fue el que muchos –de los que hoy son consejeros del presidente– cometieron en los años ochenta, prueba de ello es lo sucedido en la Embajada de España que precisamente mañana, se cumplen cuarenta años de ese salvaje crimen y en junio el secuestro y desaparición de 27 sindicalistas, en agosto el de 17 jóvenes del local de Emaús en Escuintla o el asesinato de dirigentes políticos, estudiantiles y hasta sacerdotes. No nos extraña que quieran hacer lo mismo y que pronto la suspensión de garantías se extienda a otros municipios o a nivel nacional para terminar con los sectores democráticos que luchan por construir otro país, que no comparten la realización de una limpieza social y se niegan a guardar silencio. La lucha contra la delincuencia, es importante, pero más importante es crear fuentes de trabajo y programas sociales que contribuyan a rescatar a la juventud de las garras del crimen organizado y, por supuesto, depurar al Ejército, a la Policía Nacional Civil y al Sistema Penitenciario, infestados de elementos que forman parte de esas estructuras criminales.

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