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Opiniones de hoy

El flagelo de los fideicomisos públicos

opinion

Los fideicomisos públicos para la ejecución de gasto público se han convertido en un mecanismo a través del cual se potencializa la opacidad, la corrupción, la ausencia de rendición de cuentas, la omisión de fiscalización y el despilfarro.

Desde una perspectiva estrictamente legal también se cuestionan los referidos fideicomisos, entre otras razones, porque a través de ellos se transmite el dominio de bienes del Estado (ingresos fiscales) a los bancos, con base en instrumentos temporales (Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado), acuerdos gubernativos y demás, así como sin sujetarse a los procedimientos de enajenación de bienes estatales previstos en la Constitución y la ley.

Además, dichos instrumentos ostentan otros vicios: 1) A través de los fideicomisos se asume que los bienes públicos se “privatizan” al pasar al dominio de los bancos fiduciarios, por lo que no están sujetos a rendición de cuentas ni a control estatal; 2) Se desnaturaliza la figura del banco fiduciario, porque la administración se delega en “comités técnicos” integrados antojadizamente por los órganos y entidades estatales; 3) Los integrantes de los “comités técnicos” no presentan declaraciones juradas patrimoniales, a pesar de que administran fondos públicos, así como no se deducen responsabilidades legales en su contra; 4) La “fiscalización” del fideicomiso se confía a auditores independientes, por lo que la Contraloría General de Cuentas (CGC) queda marginada; 5) El patrimonio fideicometido, o sea los fondos públicos transferidos al fideicomiso, puede ser ampliado ilimitadamente; 6) Los fideicomisos no se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que todos los contratos y adquisiciones son discrecionales; 7) Las contrataciones de personal no se rigen por la Ley del Servicio Civil ni están sujetas al régimen de seguridad social; y 8) Los fideicomisos no se destinan para la administración de bienes, sino para ejecutar gasto público, lo que viola el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Por otro lado, los fideicomisos se manejan bajo la más absoluta confidencialidad y secreto. Luego, no se puede establecer si los mismos se están manejando de manera transparente. En la Ley de Acceso a la Información Pública no se establece que los bancos fiduciarios sean sujetos obligados, por lo que no están constreñidos a informar sobre la ejecución de gasto público por vía de fideicomisos.

Asimismo, cabe agregar que la Superintendencia de Bancos ha informado que la ley le prohíbe suministrar a la CGC datos sobre los fideicomisos públicos que operan en los bancos del sistema. O sea que, en realidad, los fideicomisos públicos no son fiscalizables, extremo que la CGC ha reconocido públicamente.

En consecuencia, lo que procede es prohibir los fideicomisos de ejecución de gasto público y, en su caso, proceder a liquidar los que están actualmente en operación. Al efecto, la Procuraduría General de la Nación y la CGC deberían promover la supresión o cancelación de los fideicomisos públicos existentes, que se cuentan por cientos en el sector público.

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