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Opiniónes de hoy

A la opinión pública y a los organismos nacionales e internacionales que defienden la libertad de prensa


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En los últimos años hemos sido sometidos a una intensa persecución judicial. Entre 2013 y 2019 fuimos objeto de más de 198 procesos judiciales de índole penal, civil, Constitucional y en el marco de la Ley Contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Estas acciones de incesante acoso judicial, constituyen un atentado contra la Libertad de Prensa y el Derecho a la información de la población.

Más recientemente, hemos sufrido persistentes hostigamientos judiciales de diputados que lideran el Pacto de Corruptos, entre ellos Armando Escribá.

Una buena cantidad de denuncias e investigaciones periodísticas han registrado el enriquecimiento, a velocidad de vértigo, de Escribá durante los cuatro años del gobierno de la UNE. Literalmente en ese periodo pasó de movilizarse de buses del transporte colectivo, a volar en su propio avión y adquirir otros juguetes por el estilo.

Esta vez, Escribá ha sorprendido en su buena fe al Auxiliar Fiscal 1, licenciado Luis Carlos González Melgar, de la Fiscalía de Sección de Asuntos Internos del Ministerio Público, con sede en la Colonia El Maestro, zona 15, para forzarnos a hacer públicos los nombres de las fuentes de nuestras notas de periodismo de investigación o los nombres de supuestas personas que nos ordenan trabajos periodísticos.

Escribá, por cierto, ha logrado que la Corte Suprema de Justicia –alta Corte que tiene infiltrada con familiares- preserve su manto de impunidad, evitando que se conozca la solicitud del Ministerio Público para el retiro a su derecho de antejuicio. Ahora, consiguió que la misma Fiscalía de Sección de Asuntos Internos citara al respetable y reconocido columnista de este medio, Mario García Lara, que no tiene relación alguna con los temas de investigación del diario relativos a esta lacra política. El argumento de Escribá es tan alucinante como ridículo: en nuestra página Web, la columna de García Lara aparece a continuación de la investigación periodística que consigna las averías del propio Armando Escribá.

Creyendo que la mejor defensa es el ataque, el millonario emergente Escribá, también ha presentado una ridícula querella penal por extorsión, en un juzgado ad hoc a sus propósitos. Según Escribá, desde diez celulares de números desconocidos yo lo he chantajeado y que, como él no respondió, envié personalmente a David Gaitán, abogado de la CICIG, a extorsionarlo.

De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos ratificados por Guatemala (que por tanto forman parte del bloque de constitucionalidad) y demás estándares internacionales en materia de libertad de emisión del pensamiento, no existe obligación legal de revelar las fuentes de información. Taxativamente la Constitución dispone que no existe obligación de acatar órdenes abiertamente ilegales. Por eso, pretender exigirle a elPeriódico divulgar sus fuentes de información es una extralimitación legal y violación de derechos constitucionales. Hacer lo contrario es romper el estado de legalidad, fijando un precedente nefasto de restricción a la labor del periodismo independiente.

En el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, orientados al buen gobierno y el desarrollo democrático, seguiremos denunciando los abusos y excesos de poder, actos de corrupción, nepotismo y enriquecimiento ilícito que sigan propiciando quienes hacen de la función pública un ejercicio de rapiña, que mantiene sumido al país en la oscuridad del crimen organizado y el abandono imperdonable de la mayoría de la población.

 

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