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Opiniones de hoy

Debe aprobarse o improbarse la ejecución presupuestaria

opinion

Las ejecuciones presupuestarias han quedado en el limbo.

 

Nuestra Constitución establece que el Congreso debe aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, y previo informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas, que le presente el Organismo Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. Es decir que el Congreso debe aprobar o improbar la ejecución presupuestaria de cada ejercicio fiscal anual, contando para el efecto con el respectivo informe de la CGC.

La aprobación de la ejecución presupuestaria supone que el Congreso, que es la suprema representación del Estado, está de acuerdo con dicha ejecución y le confiere validez, o sea que la tiene por correcta o buena. Por el contrario, improbar la ejecución presupuestaria supone que no se está de acuerdo con la misma y que no se le tiene por correcta o buena.

La aprobación implica que las actuaciones de las autoridades y funcionarios a cargo de la ejecución presupuestaria quedan convalidadas (confirmadas o ratificadas) y, por ende, no procede que se deduzcan responsabilidades (penales y civiles) en su contra. Ahora bien, si el Congreso imprueba la ejecución presupuestaria, la consecuencia es que inmediatamente se deduzcan responsabilidades legales contra quienes tuvieron a su cargo la ejecución presupuestaria no aprobada.

El Congreso, conforme la Constitución, no tiene más opción que aprobar o improbar, en todo o en parte, la ejecución presupuestaria anual. Por tanto, no existe la posibilidad jurídica de que el Congreso deje de aprobarla o improbarla. Sin embargo, el Congreso no ha aprobado ni improbado las ejecuciones presupuestarias de los últimos 21 ejercicios fiscales anuales, o sea que las mismas no se han tenido por buenas ni por malas. En otras palabras, las respectivas ejecuciones presupuestarias han quedado en el “limbo”, y esto ha permitido que los gobiernos pasen y pasen sin temor a tener que responder por sus actos, porque no existe causa legal en su contra. El Congreso, por su parte, no ha asumido su responsabilidad de aprobar o improbar la ejecución presupuestaria y, por supuesto, ha incumplido el referido mandato constitucional.

En dos platos, al Congreso no solo le corresponde aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal anual, sino que también debe aprobar o improbar la ejecución presupuestaria anual.

El examen de la ejecución presupuestaria supone desentrañar todo el gasto público anual, tanto el gasto de funcionamiento como el gasto de inversión. En otras palabras, debe establecerse si están o no debidamente justificadas todas las erogaciones destinadas a funcionamiento de los organismos, entidades, instituciones, empresas y dependencias estatales, específicamente las remuneraciones y bonificaciones, honorarios, adquisición de vehículos, mobiliario y equipo, alquileres y remodelaciones, viajes, combustibles, viáticos, gastos de representación, gastos de seguridad, etcétera, así como las erogaciones para amortizaciones y servicio de la deuda pública, obra pública, inversión social, investigación y desarrollo, régimen de seguridad social y demás. Asimismo, el Congreso debe examinar y comprobar todos los ingresos fiscales (tributarios, financieros y los derivados del cobro de rentas, regalías y productos por concesiones y contrataciones).

En todo caso, el Congreso, al incumplir la citada obligación constitucional, ha venido violando reiteradamente los derechos fundamentales de acceso a la información pública y a la rendición de cuentas de los funcionarios, por lo que los ciudadanos, en ejercicio del deber cívico de velar por el cumplimiento de la Constitución y del derecho de resistencia por violación de sus derechos, pueden demandar que el Congreso cumpla con dicha obligación.

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