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Opiniones de hoy

Conducta ética empresarial y como contribuyente


Si el Gobierno tiene éxito, los guatemaltecos también.

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En la Universidad Rafael Landívar, recientemente escuchamos a Ricardo Jungmann, profesor de la Universidad Católica de Chile y experto sobre la experiencia internacional para enfrentar y prevenir casos de corrupción en empresas y entidades privadas y públicas.

Mientras este problema se ha confrontado en otras latitudes, aquí apenas se empieza a adoptar políticas, procedimientos y acciones para prevenir, detectar y corregir malas prácticas y actos ilícitos que puedan exponer a la empresa o institución a sanciones y graves daños a su reputación.

El Gobierno Corporativo, adoptado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, fundada en 1961), empujó no solo al uso generalizado del oficial de cumplimiento (que en nuestro país se circunscribe al ámbito de prevención del lavado de dinero) sino a legislación, reglamentación y códigos de conducta ética en el sector empresarial, tanto privado como público.

Se ha legislado sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (Estados Unidos de América, 1977), Responsabilidad de Personas Jurídicas (Chile, 2009), Ley Antisoborno (Inglaterra, 2010), Estatuto Anticorrupción (Colombia, 2011), Ley Anticorrupción (Brasil, 2014), Responsabilidad de Personas Jurídicas (Perú, 2016), Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas (Argentina, 2017), entre otras, que permiten perseguir penalmente conductas que en el pasado se consentían o toleraban.

Se ha creado la Alianza Anticorrupción (2012) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, 2005) con instituciones públicas, privadas, académicas, sociedad civil y organismos multilaterales.

Bajo este espíritu, la Comisión Europea emitió el modelo de Código del Contribuyente (Unión Europea, 2016), que establece los principios que regulan las relaciones entre contribuyentes y la administración tributaria.

Hay iniciativas de gremios y empresarios preocupados por cumplir con sus obligaciones tributarias, y está el interés público de recaudar los impuestos para sufragar los gastos e inversiones que sirvan para brindar los servicios públicos.

Por su lado, la administración tributaria coopera estrechamente con los contribuyentes para facilitarles lo máximo posible el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y por el otro, los contribuyentes asumen el deber de declarar con honestidad todos los ingresos imponibles y pagar oportunamente los impuestos, cooperando total y puntualmente con las declaraciones, devoluciones de impuestos e información.

Al nuevo gobierno que asumirá en enero del año próximo, le convendría que mejoren las relaciones entre contribuyentes y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en donde el entendimiento mutuo reduzca el riesgo de que se comentan errores con graves consecuencias para los contribuyentes y costos ulteriores para la administración tributaria.

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