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Opiniones de hoy

Suspensión de la consulta popular en Belice


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El juez Kenneth Benjamin, presidente del máximo tribunal de Belice, suspendió la consulta popular programada para el 10 de abril de 2019, en la cual la población beliceña deberá determinar si está de acuerdo o no con someter a consideración de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el diferendo territorial entre Guatemala y Belice.

El accionante de la impugnación es el opositor Partido del Pueblo Unido (PUP, en inglés), con base en que la consulta contraviene la Constitución de Belice por cuanto concede autoridad a la CIJ para redefinir las fronteras del país, las cuales están determinadas en dicha Constitución.

Cabe recordar que el domingo 15 de abril de 2018 se celebró en Guatemala la consulta popular sobre el acuerdo especial para someter el diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice ante la CIJ, suscrito por los gobiernos guatemalteco y beliceño el 8 de diciembre de 2008. El 95.87 por ciento de los votos fue a favor del “sí”, es decir a favor de que el diferendo territorial entre Guatemala y Belice sea sometido a la CIJ para su resolución definitiva, en tanto que el 4.13 por ciento votó a favor del “no”. Por consiguiente, la ciudadanía guatemalteca, en consulta legítimamente celebrada, aprobó el referido acuerdo especial.

Las autoridades de Belice programaron la consulta a los ciudadanos beliceños sobre la sumisión del diferendo territorial entre Guatemala y Belice a la CIJ, para el 10 de abril de 2019, un año después del referendo guatemalteco. No obstante, el máximo tribunal beliceño decidió bloquear el referendo programado, extremo que ha sentado mal a la ciudadanía guatemalteca, que, de buena fe, decidió someter el referido diferendo territorial a la decisión de una instancia judicial internacional, así como a la comunidad internacional que apoya una desenlace pacífico de la disputa entre ambos Estados.

En todo caso, si se aprueba el indicado acuerdo especial en las consultas que se celebren en ambos Estados, estos deberán solicitar a la CIJ que determine, de conformidad con las reglas aplicables del Derecho Internacional Público según se especifican en el Artículo 38 (1) del Estatuto de la CIJ, toda y cualquier reclamación legal de Guatemala contra Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios, que declare los derechos de ambos Estados en los mismos y que determine la línea fronteriza de sus respectivos territorios y áreas. Además, las partes quedarán obligadas a aceptar como definitivo y obligatorio el fallo de la CIJ, así como a
cumplirlo y ejecutarlo íntegramente y de buena fe.

Por otro lado, si una de las poblaciones no aprueba, en consulta popular, el referido acuerdo especial, este quedará sin efecto jurídico alguno, por lo que se esperaría que ambas poblaciones, de buena fe, favorezcan, por mayoría, someter el indicado diferendo territorial a la resolución de la CIJ, y así poner fin al litigio centenario, que ha mantenido una relación tirante entre ambos Estados, desde que Belice se independizó de Gran Bretaña en 1981.

El Estado de Guatemala ha dado muestras inequívocas de absoluta buena fe y de apego al orden jurídico internacional, con miras a dirimir el diferendo territorial entre Guatemala y Belice. Por tanto, lo menos que se esperaría es que Belice cumpla con sus obligaciones contractuales, en el marco del principio de “pacta sunt servanda”, recogido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

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