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Opiniones de hoy

La justicia secuestrada

opinion

Obvio en la CSJ.

 

La obstinada batalla del Pacto de Corruptos para mantener su statu quo (corrupción y privilegios con impunidad) exacerbó la contienda entre instituciones del Estado, debilitándolas. Ese duelo sin cuartel se ha intensificado en las últimas semanas y está dañando ya la credibilidad del proceso electoral en curso. Los organismos involucrados no resuelven conforme a derecho, sino de acuerdo a su alineamiento (por las razones que sea) en este duelo político.

La semana pasada escribí sobre las implicaciones de judicializar la política. Al trasladar asuntos meramente políticos a los jueces, los poderes Legislativo y Ejecutivo en ceden soberanía. El envés de la moneda es la politización de la justicia. Sus operadores ofrendaron su independencia al Pacto de Corruptos, sea por apetito pecuniario, compromisos de reelección o ascenso profesional. Incluso por convicción como cuerpo gremial. Y es que nunca, como en el último tiempo, un juez había juzgado y condenado a otro juez.

La politización de la justicia es obvia en magistrados de la CSJ. Desde que la correlación de fuerzas comenzó a alterarse tras la expulsión del comisionado Iván Velásquez y los posteriores impedimentos del trabajo de la CICIG, cualquier amparo favorable al Pacto de Corruptos que tratan estos magistrados, es enteramente predecible. Beneficiario de impunidad, de una manera increíble, el diputado Felipe Alejos recuperó el ADN de la actual CSJ, cuyo nombramiento fue pactado en las tinieblas por los operadores de los ahora cadáveres políticos PP y Lider. Vuelven a ser fieles al viejo régimen de impunidad que encubre corrupción y privilegios.

Lo mismo ocurre con la gran mayoría de jueces y magistrados de Sala compactados detrás del juez Mynor Moto (señalado de prevaricato y retardo de la justicia) a quien eligieron en enero pasado presidente de su Asociación. Luego, basta pasar la mirada por encima de la Contraloría que, tras la salida de Carlos Mencos, quedó a merced del Pacto de Corruptos, operando como maquila barata de finitos. Por eso, transcurridos seis meses, al bloque dominante en el Congreso no le urgió elegir al nuevo contralor (aunque en esa tardanza se dividió el bando de Jimmy Morales entre los oficialistas Javier Hernández y Melgar Padilla y el poderoso picaporte que adquirió Alejandra Carrillo en Casa Presidencial).

El TSE en una enconada lucha interna entre su cuerpo colegiado, decidió el lunes anular la candidatura de Thelma Aldana, conforme al dictado del statu quo patrimonialista, como se lee en la valiente denuncia de la magistrada María Eugenia Mijangos. La brasa pasará a la CSJ, que la enfriará a fin de acortar el tiempo efectivo de una eventual campaña de Thelma Aldana. Y negará el amparo. Llegará entonces a la última instancia, la CC, también agriamente dividida, aunque la correlación de fuerzas ha sido favorable, hasta ahora, a los tres magistrados independientes, Porras, Mejía y De Mata Vela.

El flipón de la justicia está en manos de la fiscal general Consuelo Porras. Ella puede caminar a paso de tortuga o surcar las nubes como halcón. Tiene la discrecionalidad de gestionar los tiempos políticos, para beneficio de algunos o en perjuicio de otros. Puede encuadrar la Ley dentro del refrán: “agrado quiere agrado”. Pero la fiscal jamás olvida verificar en qué dirección sopla el viento de cada día.

La conclusión es que el oxígeno que la administración Trump dio al Pacto de Corruptos está acabando con la legitimidad y eficiencia que las instituciones llamadas a edificar el Estado de Derecho estaban recuperando a partir del 2015. ¿Cómo quiere Trump ganar su partido anti-migración con autogoles?

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