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Opiniones de hoy

Supresión de la tasa de alumbrado público


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En mayo de 2009, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), a petición del entonces alcalde de la Capital, Álvaro Arzú, autorizó que se incluyera en la facturación a los usuarios de energía eléctrica la tasa de alumbrado público (TAP), equivalente al 13 por ciento sobre el consumo de energía eléctrica.

A raíz de esta decisión, todas las municipalidades solicitaron a la CNEE la inclusión de la TAP, cuyo importe en algunos casos llega hasta el 250 por ciento del consumo de energía eléctrica, en la facturación a los usuarios de energía eléctrica de sus municipios, lo que, obviamente, está incidiendo en la resistencia al pago de la factura eléctrica.

La autorización de la CNEE se basa en el Reglamento de la Ley de Electricidad, que es un acuerdo gubernativo mediante el cual se reconoce la tasa municipal de alumbrado público, no así en la Ley General de Electricidad, que no reconoce la existencia de la TAP, cuya recaudación no se destina a proveer el servicio de alumbrado público, porque esto es una obligación legal que pesa sobre las empresas distribuidoras de electricidad. O sea que la TAP es un simple recargo arbitrario sobre los usuarios de energía eléctrica.

En todo caso, la TAP no es realmente una tasa (cuya emisión le corresponde a las municipalidades), sino que es un arbitrio, que, de conformidad con lo que disponen los Artículos 171, literal c), y 239, párrafo primero, de la Constitución, solo puede decretarlo el Congreso. Efectivamente, la CC, en reiterados fallos, ha establecido que una tasa es “una relación de cambio por virtud de la cual un particular paga voluntariamente una suma de dinero y debe recibir como contraprestación un determinado servicio público”.

Sin embargo, la TAP es un tributo impersonal, general e indiscriminado que se impone y obliga a pagar a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica. Luego, no se genera de manera voluntaria ni se recibe un servicio público como contraprestación por parte de la comuna. Además, como ya se dijo, las municipalidades no prestan el servicio de alumbrado público, sino que son las empresas distribuidoras de energía eléctrica, por lo que la TAP es un impuesto abusivo e injustificado, que se destina a gastos discrecionales de las comunas. En dos platos, la TAP es un arbitrio encubierto (que no ha sido decretado por el Congreso) y, por ende, contraviene la Constitución.

No obstante la notoria ilegalidad de la TAP capitalina, la CC no declaró inconstitucional y sin vigencia la disposición de la comuna capitalina que obliga a pagar la TAP, a solicitud del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), contradiciendo con ello un fallo anterior de la misma CC que declaró inconstitucional la TAP fijada por la Municipalidad de Escuintla, lo que alentó a muchas municipalidades a incrementar la TAP en forma abusiva y antojadiza.

Hoy en día, la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) pretende que el Congreso otorgue a las municipalidades la facultad de fijar, a su discreción, la TAP, a partir de un mínimo de diez por ciento, o sea que se quiere imponer a los usuarios cobros que, además de injustificados, sean ilimitados. Sin duda, esta pretensión es un descarado abuso que no debe tolerarse.

Ojalá que Cedecon replantee ante la CC la impugnación de la TAP capitalina, a fin de que se ponga fin a este cobro ilegal.

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