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Opiniones de hoy

Migraciones del Istmo a EE. UU. y la corrupción

opinion

Me uno a los que luchan contra ese flagelo.

 

Un juez estadounidense en octubre pasado paró la suspensión ordenada por Trump del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua y Sudán, del que se benefician unas 400 mil personas. Fue un alivio para miles de centroamericanos que han huido de la violencia, los desastres y la falta de empleos. La corrupción, el despilfarro oficial y la exclusión histórica son las causas, pues sus estados han sido capturados por mafias de uniformados, magnates, narcotraficantes y la clase política, a los que no les interesa el desarrollo sostenible de sus pobladores. Es más, la pobreza aumentó y seguirá aumentando como sucede en el resto de América Latina debido a los bajos precios de sus materias primas que se registran desde hace varios años. La clase política y la élite económica abandonaron las metas de mejorar la educación y los servicios de salud sin dar un proyecto de país. Las élites que financian a los políticos también no cumplieron con coordinar los esfuerzos nacionales para atender los problemas derivados de la narcoactividad, al punto que ahora los carteles de la droga a nivel regional, nacional y local se sienten con más poder. Solo temen a la justicia internacional pues controlan el sistema judicial corrupto. Temen a la CICIG, la comisión contra la impunidad, y han decidido cerrarla en Guatemala.

En los últimos años, la inmigración de los países del Triángulo Norte captó la atención de los medios de comunicación debido al aumento dramático en el número de niños no acompañados y familias que huían de la pobreza y la violencia de pandillas. En 2015, 3.4 millones de centroamericanos residen en los Estados Unidos, un ocho por ciento de los 43.3 millones de inmigrantes en Estados Unidos.

Derivado de la guerra civil en El Salvador y Guatemala y de reiterados desastres naturales la emigración centroamericana a EE. UU. se triplicó a inicios de este siglo. Así, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses fueron elegibles para el Estatuto de Protección Temporal (TPS), el cual ofreció protección provisional contra la deportación y autorización de trabajo. El TPS ha sido renovado para Honduras y El Salvador hasta 2018 y ahora se mantiene por decisión de un juez. Guatemala no solicitó en su momento el TPS por falso orgullo del Ejecutivo, lo que fue un error. La migración hacia el norte no cesa y eso lo hizo ver esta semana la Secretaría de Seguridad Doméstica de EE. UU. en Tegucigalpa a sus colegas de Guatemala, Honduras y El Salvador. Qué vergüenza la participación del ministro del Gobernación de Guatemala, porque ha rechazado la cooperación con EE. UU. luego de abandonar cien jeeps militares donados por dicho país para la seguridad fronteriza.

Cada año EE. UU. intercepta miles de niños no acompañados y más de setenta mil familias de El Salvador, Guatemala y Honduras. Es un problema para la Seguridad Nacional de EE. UU. Por eso desde 2006 apoyó el desarrollo de la CICIG en Guatemala, para atajar la corrupción con el MP, que es la causa principal de la migración. Honduras creó otro ente parecido y El Salvador va a tener pronto su CICIG contra la impunidad. Y el gobierno de Jimmy aún así la rechaza. La corrupción agranda la pobreza histórica, el desempleo, la inseguridad, la migración. Los pueblos aplauden a quienes luchan contra ese flagelo y no solo el gobierno de EE. UU.; y rechazan a los que encomian a los corruptos y su pacto de impunidad.

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