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Opiniones de hoy

Mano militar detrás de las altas Cortes y del Organismo Judicial


 

 

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Primero nombraron un oreja experimentado en el Organismo Judicial, que gozaba de toda la confianza del general Bustamante, nodriza intelectual de Jimmy Morales y poder tras la sombra del Consejo Nacional de Seguridad Estratégica, que por cierto sustituyó en la práctica al Gabinete de gobierno de Jimmy Morales, y que también es el líder de la Juntita Militar del Gobierno, pero sobre todo, presidente ejecutivo de la poderosa Cofradía, conocida también con el apelativo del Poder Paralelo, organización integrada y dirigida por los oficiales de inteligencia más prominentes que ha tenido Guatemala y que desde 1982 ha regido los destinos del país, ejerciendo el control riguroso de aduanas de puertos y aeropuertos y fronteras, lo que les ha permitido reunir entre el contrabando convencional, la protección al trasiego de cocaína, heroína, drogas químicas, tráfico ilegal de armas y municiones, trata de blancas y los flujos de indocumentados alrededor del 12 por ciento del PIB, cifra superior a la carga tributaria que recibe el Estado de Guatemala, al que esta organización mafiosa tiene infiltrado en todas sus posiciones claves.

En el Organismo Judicial nombraron como jefe de Seguridad para vigilar, intimidar, amenazar, y amedrentar y reprimir psicológicamente, fundamentalmente a los señores jueces, a Roberto Motta Bonilla, quien sin embargo, a pesar de la resistencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, tuvo que salir por la puerta trasera de la cocina debido a una orden de aprehensión en su contra.

Mientras tanto, Dina Ochoa, presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC) y representante de Jimmy Morales en esta alta Corte, nombró como jefe de Seguridad, aunque su plaza figura como asesor específico, a Marco Leal Pozuelos, con el objetivo de espiar, hostigar, grabar, amedrentar y reprimir psicológicamente a los magistrados de la CC. Marco Leal Pozuelos es primo del general Rudy Pozuelos, exjefe del Estado Mayor Presidencial de Álvaro Arzú y el encubridor clave del caso Gerardi. En adición, aunque es ilegal, Dina Ochoa ha venido sometiendo al personal de la CC al polígrafo, aunque carece de sustento legal en el país.

En otras palabras, con descaro y cinismo, han venido militarizando las altas Cortes sin desmayo, para establecer control paulatino de lo que en estos altos entes judiciales sucede.

Ayer, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Néster Mauricio Vásquez, de manera sorpresiva destituyó a la licenciada Aracely Alvarado, directora del Archivo General del Organismo Judicial , responsable del Almacén Judicial, directora de Gestión Tribunalicia, encargada del resguardo de todos los archivos del Organismo Judicial: desde documentos históricos que vienen desde 1845 e incluso más antiguos, las evidencias de casos del pasado reciente, incluyendo pruebas tremendas de violaciones a los derechos humanos, tal los casos de la panel blanca y el asesinato de Mario Méndez Montenegro, hasta las evidencias documentales de los casos que hoy día se están discutiendo en tribunales.

Alvarado había iniciado la debida digitalización de todos los expedientes para que no se destruyeran por el abandono y los estaba recuperando de hongos y del deterioro progresivo.

A esto se suma que han logrado recobrar el control del archivo de la Policía que tiene vasos comunicantes con el del archivo del Organismo Judicial.

La destitución de la profesional Aracely Alvarado se suma a la destitución, hace un mes, del Jefe de Informática, quien tenía a su cargo la protección de las bases informáticas del Organismo Judicial.

Por el momento no existe Jefe de Seguridad del OJ, lo que podría ser propicio para que los expedientes y archivos almacenados pudieran ser sustraídos o destruidos.

Otra área delicada a cargo de la licenciada Aracely Alvarado, es el Centro de Servicios Auxiliares del Ramo Civil, responsable de distribuir los amparos electorales entre las Salas de lo Contencioso Administrativo, diligenciando asimismo, las notificaciones que de todos esos procesos se derivan. El control militar sobre las instituciones de justicia se va cerrando a velocidad de vértigo, sin que en apariencia podamos hacer nada. Comencemos por rechazar de manera categórica estos desmanes, excesos y abusos progresivos para militarizar sin vergüenza las altas Cortes y el Organismo Judicial.

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