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Opiniones de hoy

¿Qué implica, ahora, judicializar la política?

opinion

En el nuevo marco de relaciones de poder.

 

La competencia electoral pasa, como nunca, por corrillos de tribunales y órganos de control del Estado. Los políticos son los principales usuarios del sistema judicial. ¿Cómo se puede revocar el finiquito de Thelma Aldana, cuando no está ligada a proceso penal? ¿Cómo se le niega entrar al ruedo a Zury Ríos, si su papá, a quien fue dedicada la norma constitucional, corrió en el 2003?

Las respuestas se asocian a la percepción sobre la exfiscal general como fuerte candidata y anti-sistema. Los partidos del sistema –los grandes bloques representados en el Congreso- operan para eliminarla judicialmente. Presionaron al contralor interino, quien a su vez urgió a sus técnicos a encontrar la salida que justificase la revocatoria. Y el hallazgo fue que en 2015 invalidaron el finiquito de la esposa del diputado Armando Escribá, sin aspaviento.

El caso de Zury Ríos es también fácil de explicar. Aunque tiene el respaldo de fuerzas muy conservadoras con influencias, no se compara con los recursos políticos ni la capacidad de movilización (Jueves Negro) que estaban al alcance de su papá hace 16 años. Otros casos curiosos. A Sandra Torres la demanda penal del MP/CICIG le llegó 24 horas después de ganar inmunidad. A Thelma Aldana, al revés, le liberan orden de captura (no ejecutada) un día antes de obtener el antejuicio.

No necesariamente digo que quienes operan los órganos de control implicados (auditores, jueces, fiscales) son corruptos, pero sí muy susceptibles a la presión política; además que el campo jurídico es intrínsecamente ambiguo y contradictorio. Por eso nunca pasa de moda el refrán: “Hecha la ley, hecha la trampa” (Inventa lege, inventa fraude).

No es casual que desde la derrota de los políticos en 1990/93, que supuso la puesta en escena de los emergentes mercaderes de la política, la judicialización de la política se ha intensificado. Al trasladar asuntos meramente políticos a los jueces, los poderes Legislativo y Ejecutivo en apariencia ceden soberanía. Solo en apariencia, pues las leyes son hechura de los políticos y los operadores de justicia lo son por voluntad de los políticos. La soberanía que sí se reciente –si el poder político no está equilibrado- es la del pueblo, preeminente en la Constitución.

(Al cabo, es mejor judicializar la política que disputar el poder mediante la eliminación violenta del disidente, como fue costumbre desde la fundación de la república. Hay varios ejemplos de resurrección después de decretada la muerte civil de ciertos políticos).

Como el poder político interno es tan asimétrico, y eso no conviene a la salud de la democracia y su gobernanza, opera un tutelaje externo que estimula ciertos equilibrios. En 2014 fue promulgada en el Capitolio la Ley de Asignaciones Globales con condicionamientos para la buena relación bilateral: independencia judicial, combate a la corrupción, enjuiciamiento de los corruptos y consultas comunitarias para proyectos de inversión, entre otros. Ese marco contribuyó a partir de 2015 a viabilizar los procesos penales, iniciando la demolición del régimen patrimonialista, legitimada por las movilizaciones de la Plaza. También alentaron acciones judiciales de las comunidades y grupos ambientalistas para la efectiva aplicación de la consulta previa e informada, según el Convenio 169.

La incomprensión de ese nuevo contexto y sus reglas del juego, convertiría a Thelma Aldana en la figura que reivindica el pueblo frente al régimen oprobioso. (En el caso del uso y explotación de recursos naturales, disminuye utilidades de las empresas).

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