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Opiniónes de hoy

La democracia liberal en peligro


Y Guatemala no está exenta de esa amenaza.

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Las políticas nacionalistas, proteccionistas y populistas están acechando por todo el mundo, poniendo en peligro los valores y logros que la democracia liberal ha obtenido para la humanidad en el último siglo. Los ciudadanos en la mayoría de países están fatigados del desempleo y de la desigualdad que, inevitablemente, ha ocasionado la globalización y esto lo aprovechan los líderes populistas para vender al electorado sus soluciones mágicas que seducen a las masas, pero que al final del día solo resultan en mayores injusticias e insatisfacciones.

Ese tipo de gobiernos representa una amenaza para las democracias liberales tanto por sus formas, como por sus consecuencias. Sus formas incluyen la aplicación de políticas –como los aranceles- que en el corto plazo acarrean beneficios para su base electoral pero que, en el largo plazo, dañan el progreso económico. Los populistas proponen “refundar” el Estado y niegan cualquier avance logrado por sus predecesores; se creen los únicos representantes del pueblo capaces de defenderlo ante los enemigos externos o los malvados explotadores internos; recurren al lenguaje soliviantador, añoran gobernar por decreto y denigran a la prensa independiente.

Pero las consecuencias de esos gobiernos son peores aún que sus formas. Los regímenes populistas suelen ser macroeconómicamente irresponsables, despilfarradores, proclives a la corrupción y, casi siempre, terminan empeorando las condiciones de vida de la población. La historia de Latinoamérica  está repleta de ejemplos (desde Perón hasta Maduro, pasando por los Fujimori y los Kirchner) de cómo las políticas del nacionalismo proteccionista son una receta para el fracaso de los países, pese a lo cual continúan siendo atractivas –y cada vez más- para los votantes alrededor del mundo. Y Guatemala no está exenta de esa amenaza.

El desafío de contener la amenaza radica en defender los principios de la democracia liberal y progresista, al tiempo que se impulsa la indispensable –y muy descuidada– reforma de la infraestructura institucional y física necesaria para su funcionamiento. Por un lado, hay que reafirmar el compromiso con el libre comercio y con la globalización, que ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la pobreza en el mundo; sin descuidar, claro está, la atención a los segmentos de la población que temporalmente resulten perdedores en el proceso, mediante políticas de educación, empleo y subsidios directos.

Por otro lado, hay que defender los beneficios de una sociedad abierta al cambio tecnológico, a las migraciones y al progreso, en un marco de respeto a la diversidad y a los valores cosmopolitas, basado en el imperio de la ley. Esto incluye una posición definida a favor del mercado y en contra de los privilegios, lo cual requiere un balance entre mercado y Estado: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Como lo explica el Premio Nobel, Jean Tirole: “el Estado y el mercado son complementarios y no excluyentes. El mercado necesita regulación y el Estado, competencia e incentivos”.

Las soluciones a los múltiples problemas económicos y sociales que plantea la globalización no están en el proteccionismo empobrecedor ni en las rentas universales que harían quebrar al Estado. Están más bien en la innovación, la educación, los mercados abiertos y competitivos, así como en las instituciones fuertes e independientes necesarias para regular los mercados, garantizando su eficacia y la igualdad de oportunidades. Las soluciones no son simples (como las venden los populistas) sino complejas, y así hay que explicárselas –honestamente– a los ciudadanos.

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