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Opiniones de hoy

Los damnificados no deben ser revictimizados

opinion

La primera obligación del gobierno es atender el legítimo reclamo de los sobrevivientes por conocer el paradero de sus familiares.

El traumático evento que significó la erupción del volcán de Fuego y cuyo saldo aún no ha sido posible medir ni siquiera en términos de vida, tiene a miles de sobrevivientes viviendo momentos indecibles de dolor y sufrimiento por la pérdida de seres queridos cercanos, la desaparición de sus hogares y comunidades y la ruptura de todo el entorno social en que vivían.

Lo menos que merecen estas personas es volver a ser víctimas de abusos e indiferencia provocados por indolencia o mediocridad de las instituciones llamadas a atenderlos durante el periodo de emergencia, rehabilitación y reconstrucción. La angustia y el calvario que viven muchos sobrevivientes por saber el paradero de sus familiares desaparecidos debe ser un asunto prioritario en el protocolo de actuación en la fase de la emergencia.

Mantenerlos en los albergues sin dar respuesta coherente y coordinada a su demanda de búsqueda de los restos de sus familiares es inhumano e insostenible pues más temprano que tarde ellos mismos tomarán camino para tratar de buscar los restos de sus familiares y su patrimonio soterrados por las corrientes de lava.

La coordinación de todas las instancias involucradas en tareas de rescate y socorro es crucial para dar respuesta a las familias que buscan a seres queridos pues la categoría de “desaparecidos” resulta superada e insuficiente después de una semana del evento catastrófico. Un caso reciente ilustra muy bien lo que puede pasar si no se toman las acciones debidas.

En Puerto Rico el paso del huracán María dejo un saldo oficial de 64 muertos pero un estudio reciente realizado por la Universidad de Harvard revela que el devastador huracán dejo un saldo de 4 mil 645 muertos, una cifra muy por encima de la reconocida oficialmente. El gobierno de la Isla ha quedado en entredicho ante su manifiesta incapacidad de actuar con transparencia durante la crisis.

La primera obligación del gobierno es atender el legítimo reclamo de los sobrevivientes por conocer el paradero de sus familiares. No se puede seguir actuando sobre la base de una lista de desaparecidos que contrasta con las cifras que dan los pobladores de varias de las aldeas y caseríos que fueron arrasadas por la lava. El crecimiento exponencial de la población que vive en zonas de alto riesgo como las afectadas por el volcán es una realidad no documentada en ningún registro oficial pues como todos sabemos ya casi cumplidas dos décadas sin haber realizado un censo nacional que contabilice cuántos somos y dónde vivimos.

Si bien es cierto que los damnificados necesitan de prácticamente todo en este momento al haber perdido todo su patrimonio y muchos de ellos su trabajo, lo que más demandan es resolver la angustia que viven por recuperar los cuerpos de sus seres queridos o al menos identificar los lugares donde fueron atrapados por las correntadas de lava.

Ninguna reconstrucción material por exitosa que esta pueda llegar a ser sustituirá el dolor y la angustia humana que sufren por no conocer el paradero de sus familiares.

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