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Opiniones de hoy

¿Está el presidente sobre la ley?


“El poder” es sumamente atractivo.

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En México, el presidente de la República, durante su encargo, solo puede ser acusado por traición a la Patria y delitos graves del orden común (Artículo 108 de la Constitución). En los Estados Unidos, su Constitución indica (Artículo 2, Sección 4) que el presidente, el vicepresidente y los demás funcionarios federales podrán ser removidos mediante condena en el “juicio de impedimento” por traición, soborno y otros graves crímenes y delitos.

Estas disposiciones legales constituyen una enorme diferencia entre los monarcas absolutos con los presidentes de nuestras repúblicas constitucionales. A lo largo de la historia, algunos monarcas han logrado concentrar en sus manos el poder más absoluto que un ser humano puede llegar a tener. En cambio, la modernidad política ha significado el esfuerzo gradual de la sociedad por limitar la concentración del poder en un individuo concreto o en un grupo. Tal ha sido la tendencia a la construcción de estructuras de gobierno republicanas y democráticas, sometidas a la ley.

Sin embargo, lograr tal propósito no ha sido fácil. “El poder” es sumamente atractivo. Es la moneda universal con la que se puede adquirir cualquier cosa deseable. Parece que no hay nada que “el poder” no pueda lograr. El poeta español Francisco de Quevedo escribió: “poderoso caballero es don dinero”, trastocando la verdadera relación entre el poder y el dinero. Sin duda, la posesión del dinero da cierto poder al que lo tiene, pero más bien es el poder el que produce el dinero, entre muchas otras cosas; el dinero no es más que un símbolo del poder social y del prestigio que cada individuo acumula en sus relaciones con los otros miembros de su comunidad.

La historia está llena de ejemplos en que los hombres poderosos acumulan cantidades de dinero, que a su vez incrementa su poder sobre otros hombres, en un círculo que se autoalimenta constantemente. El romano Julio César es un claro ejemplo de este fenómeno. Y, asimismo, es el asesinato de Julio César el ejemplo de la reacción que la sospecha de la intención de César de proseguir con el proceso de acumular “poder-dinero” produjo en quienes sintieron que eran despojados de un bien tan escaso y apreciado. La Roma imperial no logró institucionalizar mecanismos pacíficos que limitaran la acumulación del poder y el dinero en manos de algunos individuos o grupos sociales. El asesinato de los poderosos y las revoluciones y guerras civiles eran los mecanismos frecuentemente utilizados con ese fin.

La amenaza del asesinato o de la guerra civil fue siempre el limitante a la ambición del gobernante poderoso. En la “República Cristiana” de la Edad Media, el poder de la Iglesia católica servía como contrapeso al poder del emperador del Sacro Imperio. El conflicto entre ambos poderes era permanente. La tecnología disponible en esa época, en la etapa eotécnica, según la palabra de Lewis Mumford, solo permitía estructuras descentralizadas, lo que a su vez era otra limitante a la acumulación y concentración del poder.

Probablemente las decapitaciones de Carlos I en Inglaterra y de Luis XVI en Francia fueron las postreras señales del fin del absolutismo real y la premodernidad política, y el inicio de la ley como el mecanismo moderno preferido para limitar, de manera pacífica, la concentración del poder político y económico.

En el siglo actual, quizás ya posmoderno, observamos cómo algunos presidentes de repúblicas democráticas y constitucionales están aprovechando las nuevas tecnologías disponibles para acumular y concentrar en su persona un extraordinario poder político y económico. Tales intentos están poniendo a prueba la fortaleza institucional en muchos países. Ojalá las instituciones políticas locales y mundiales sean lo suficientemente robustas para resistir el ataque concentrado de los nuevos bárbaros.

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