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Opiniones de hoy

Atentado contra la independencia judicial

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En ningún sistema judicial que se precie de independiente, los jueces reciben órdenes de cómo fallar en determinado caso.

Sobran los dedos de las manos si se pregunta a la mayoría de la población qué nombres de jueces destacados han sobresalido por sus actuaciones independientes y valientes, en medio de un sistema judicial sometido a redes de poder político y económico que premia la sumisión y la complacencia.

Por eso es un deber de la sociedad salir en defensa de operadores de justicia que con sus actuaciones le dan a la sociedad una expectativa que por difícil que sea, es posible construir un sistema legal sin privilegios que genere la confianza perdida de vivir tantos años en el túnel de la impunidad.

Vienen estas reflexiones al caso por la aviesa actuación de la Sala Tercera de Apelaciones que el pasado 22 de mayo, constituida en tribunal de amparo, ordenó a la jueza Erika Aifán sobreseer el caso por el cual había emitido sentencia contra miembros de la familia rusa Bitkov, en acato a una orden de la Corte de Constitucionalidad de emitir una nueva resolución de este caso. La jueza Aifán acatando dicha resolución fundamentó una nueva resolución en que ratifica que los medios de prueba ameritan iniciar un nuevo juicio contra los Bitkov por los delitos de usurpación del estado civil y uso de documentos falsos.

En ningún sistema judicial que se precie de independiente, los jueces reciben órdenes de cómo fallar en determinado caso. No conforme con esa maliciosa resolución la Sala Tercera de Apelaciones, multa a la jueza Aifán y pide al Ministerio Público iniciar en su contra un proceso de antejuicio por los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia.

En todo caso, el Ministerio Público debiera de oficio iniciar una investigación de dicha Sala por la resolución dictada que atenta contra la independencia judicial consagrada en el Artículo 203 de la Constitución y que reza “a quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas en el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público”.

Los jueces y tribunales de Mayor Riesgo son los más expuestos a riesgos externos por la naturaleza de los casos que conocen y que normalmente involucran a poderosas mafias, pero también están sujetos a presiones internas cuando defienden su independencia e imparcialidad, además de trabajar en condiciones de precariedad y poco apoyo del sistema.

La misma ley que crea la competencia penal en procesos de mayor riesgo expone en sus considerandos que “la independencia de la justicia en materia penal es especialmente vulnerable al empleo de la fuerza física, amenazas, intimidaciones y otras formas de coacciones, con el fin de influir en el comportamiento de los jueces, magistrados, fiscales y auxiliares de la justicia en el cumplimiento de sus funciones”.

De esa cuenta es evidente que la jueza Aifán está siendo sometida a influencia indebida de actores dentro del mismo sistema de justicia que pretenden someter su independencia y enviar un mensaje a otros operadores de justicia que con valentía y resoluciones bien fundamentadas, no se doblegan al statu quo que sigue dominando nuestro sistema judicial.

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