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Opiniones de hoy

Horrores en el combate al trasfuguismo


El electorado es quien debe castigar a los tránsfugas.

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En las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto # 26-2016 del Congreso) y a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (Decreto # 14-2016 del Congreso), como medida para combatir al transfuguismo político, se establece que los diputados tránsfugas (que hubieren renunciado a los partidos que los postularon o a los bloques legislativos a los que pertenecían) no pueden incorporarse a otros bloques legislativos, así como tampoco pueden ser miembros de la Junta Directiva del Congreso, presidir comisiones legislativas ni ejercer cargos en representación del Legislativo.

Estas disposiciones legales contravienen la Constitución, que garantiza que todos los diputados son iguales en dignidad, condición y representación, porque prohíben a los diputados tránsfugas que puedan acceder a cargos directivos y de representación, extremo que se traduce en una clara discriminación y limitación de las cualidades y funciones inherentes al cargo de congresista.

Por otro lado, la Constitución establece que “el cargo de diputado es compatible con el desempeño de misiones diplomáticas temporales o especiales y con la representación de Guatemala en congresos internacionales”; sin embargo, dadas las anteriores limitaciones legales, un diputado “tránsfuga” podría estar impedido de desempeñar dichas misiones diplomáticas o de representación, aunque la Carta Magna reconoce que las mismas son consubstanciales con la diputación.

Como podrá advertirse, las referidas normas legales dan pie a que existan diputados de primera clase y diputados de segunda clase, es decir representantes del pueblo en condición desigual, lo que contraviene el espíritu constitucional de la democracia representativa, así como el principio de igualdad jurídico política.

Lo anterior sin perjuicio de que la Constitución dispone que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno”, por lo que los partidos no son propietarios de los diputados que los postularon, ni tampoco pueden demandar que estos sean desaforados o sustituidos por el mero hecho de que abandonen sus filas partidarias, sobre todo considerando que el sistema político partidista en nuestro país es esencialmente antidemocrático, toda vez que protege y alienta la creación y vigencia de “seudopartidos”, o sea organizaciones clientelares o electoreras, controladas por caciques o dueños, quienes, en muchos casos, solo buscan malsanos intereses creados y no constituirse en verdaderos intermediarios entre la ciudadanía y el ejercicio del poder político, ni tampoco la consecución del bien común.

En mi opinión, la manera de atacar, con legitimidad y eficacia, el transfuguismo político, que es un mal endémico en nuestra sociedad política, es dando al electorado la potestad de castigar a los diputados tránsfugas a través de la adopción de dos mecanismos democráticos: El sistema de elección uninominal y el referendo revocatorio.

El sistema de elección uninominal garantiza la competencia electoral directa entre los candidatos a diputado y no entre planillas, en tantos distritos como diputaciones se disputen, lo que complicaría a los diputados tránsfugas volver a ser electos en sus respectivos distritos, dado que el respectivo electorado distrital estaría informado de la actuación irregular de su diputado. Asimismo, el referendo revocatorio confiere el poder al electorado de revocar el mandato popular a los diputados tránsfugas habiendo transcurrido la mitad del respectivo período de funciones.

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