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Opiniones de hoy

Minería versus la Nación

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¿Hay corrupción en otorgamiento de licencias?

Garantizar el bien común. El más caro interés de la Nación. Pueblo con vida digna: educación, salud, trabajo, recreación, artes, deportes, tecnología, ciencia. Una sociedad de derechos. Absolutamente contrario a interés particular mezquino: depredador de naturaleza, acaparador de bienes públicos, represor. Este es el caso de la inversión minera. Contaminante de las aguas. Genera escaso empleo, saquea riquezas, “mata” la tierra. Sobre dividendos y tributos: mina Marlin es ilustrativa: once años de operaciones, treinta y dos mil millones de quetzales generados. Tres mil millones para el Estado y “proyectos de desarrollo sostenible”. Veintinueve mil millones de quetzales para la bolsa minera. El “desarrollo” en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, municipios sede: cero: división comunitaria, pobreza y ausencia de perspectivas.

Existen sospechas fundadas sobre los funcionarios de Energía, Minas y Ambiente, que otorgaron licencias de operación minera, tomando por bien hechos débiles e incompletos estudios de impacto ambiental presentados por las mineras. Estos fueron objetados –oportunamente– por académicos y organizaciones sociales. Objeciones desechadas sin entrar a conocerse. Para aumentar oscuridad al procedimiento, se obvió consultar a las poblaciones, y para sellar la ignominia, estos ministerios –una vez otorgada la licencia– no tienen capacidad para monitorear las aguas. Ni siquiera pueden –por incompetentes– certificar cantidad y calidad de material extraído. Cuestión que se determina por la empresa minera, que lo declara bajo juramento. Es decir, el vampiro cuidando el destilado de la sangre. Evidentemente un procedimiento retorcido. ¿Cuántos patriotas habrán engordado la billetera con aquellas maromas ilegales e ilegítimas? Así las cosas, no les queda a mineros e industriales el traje blanco que –ahora– visten, para presionar a las Cortes de este país, con abusiva, onerosa y amañada campaña mediática, que resulta espuria, ofensiva a la democracia y ajena a intereses nacionales y de los pueblos. Aquellos que milenariamente han cuidado de las aguas y los bosques.

Este no es un país minero. La sociedad la rechaza: sesenta y cinco por ciento de la población le dice ¡no! –PL 01. 2014. Es prudente entonces, reiterar el mensaje de las organizaciones campesinas: urge declarar una moratoria a la minería. Volver a la discusión sobre forma, modo y contenido del desarrollo que requerimos para alcanzar el bien común. La Usac propuso –recientemente– una ruta al debate. Los pueblos de La Puya, San Rafael las Flores, San Mateo Ixtatán, Barillas, San Pablo San Marcos, han situado las prioridades nacionales: Agua, alimento, bosque, trabajo. En síntesis vida plena, con trabajo decente. Agua y bosques abundantes. En esto la minería no cabe.

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