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Opiniones de hoy

Nadie es superior a la ley


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Según informaciones de prensa, la Minera San Rafael ha promovido un amparo contra la Corte de Constitucionalidad, para que el respectivo Tribunal de Amparo fije un plazo perentorio a la Corte de Constitucionalidad (CC), a fin de que “cese la demora” y dicte la sentencia de apelación de amparo dentro del proceso de amparo promovido por Calas contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM), ya que han transcurrido casi 5 meses después de haber vencido el plazo establecido por la Ley de Amparo dentro del cual la CC debía pronunciarse.

Cabe señalar que la CC, mediante un amparo provisional, ha mantenido en suspenso las operaciones de la Minera San Rafael, ubicada en el municipio San Rafael Las Flores, Departamento de Santa Rosa, desde el 22 de julio de 2017, a pesar de que el MEM otorgó a la Minera San Rafael, después de agotado el correspondiente procedimiento administrativo, la respectiva licencia minera de explotación. Esta forzosa suspensión de operaciones ha redundado en el despido de 500 trabajadores, así como en una reducción importante de la recaudación tributaria y en la supresión de las externalidades positivas derivadas de la operación minera.

Hay quienes objetan que la Minera San Rafael se haya atrevido a promover un amparo contra la CC, para obligarla a resolver en definitiva, bajo el argumento insostenible de que ésta es infalible y que contra sus actuaciones u omisiones no procede impugnación alguna.

Por supuesto, no reparan en que la Constitución incorpora el principio republicano que dicta que “tanto gobernantes como gobernados están sometidos o sujetos al imperio de la ley”. Esto supone que no hay nadie, sea funcionario o común mortal, que esté por encima de la Constitución y la ley, y que esté facultado o empoderado para inobservar o incumplir los mandatos constitucionales y legales.

En todo caso, la actitud de rechazo a que se cuestione a la CC se asimila a la actitud que adoptaron quienes se opusieron a que en 1993 el Congreso incorporara en la Constitución la disposición que establece que los antejuicios contra los magistrados de la CC debían ser conocidos y resueltos por el Congreso, que finalmente fue aprobada y ratificada en consulta popular. Anteriormente no se determinaba qué órgano debía conocer y resolver los antejuicios contra dichos magistrados, por lo que los referidos antejuicios quedaban en una suerte de limbo jurídico político, a merced de la misma CC.

Si bien es cierto que la Ley de Amparo no determina expresamente qué tribunal debe conocer de los amparos contra la CC, sí establece que los jueces de primera instancia del orden común, en sus respectivas jurisdicciones, deben conocer los amparos contra los “funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero o ramo no especificados” y, en su caso, también dispone que la CC “determinará el tribunal que deba conocer”.

“No hay ámbito que no sea susceptible de amparo”, dicen la Constitución y la Ley de Amparo, por lo que las amenazas y violaciones de derechos fundamentales imputables a la CC también son susceptibles de amparo, especialmente cuando ha vencido el plazo para resolver, acción que debe ser conocida y resuelta por un tribunal competente, independiente e imparcial. ¡Dura lex sed lex!

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