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Opiniones de hoy

Fieles, solo a su conciencia

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Miles de sentencias y autos discutidos y decididos en la jurisdicción constitucional van dejando las huellas de su técnica y de su contenido conceptual; sin embargo, nunca son exhaustivos ni tampoco plenamente satisfactorios. Siempre queda a los jueces una íntima duda, algunas veces leve y otras –más inquietante– acerca de su certeza. Esto sucede en cada conciencia que tiene por ella misma sentido de su dimensión humana. Reivindicar la virtud de la infalibilidad apareja arrogancia –que también, siendo terrenal, podría excusarse– que advierte, cabalmente por ser imposible la clarividencia judicial, rotunda ineptitud para ejercer la magistratura a quienes se crean patentados de la verdad. La democracia encomienda la justicia a quienes son capaces de dudar de cualquier dogma, incluyendo los propios, pues solo los totalitarismos proclaman la omnipotencia de sus operadores.

La experiencia que puede adquirirse en el servicio público de la justicia, corrobora que ella no resulta tan expeditiva ni menos tan formularia como algunos censores externos la exigen. Recuérdese que existen normas indeterminadas, flexibles y abiertas, porque su deliberada generalidad fue concebida así para dar cabida en un texto supremo a toda una pluralidad.

Es posible, y ciertamente válido, que los litigantes expongan y aleguen según los intereses que representen y hagan las interpretaciones que a su criterio convengan. Ellos, a fin de cuentas, son parte de la controversia que los ha llevado ante la autoridad de los jueces. Si aquellos se cargan de subjetividad no hacen más que acomodarla a su condición de sujetos del conflicto, y de ello deriva su parcialidad, condición que no cabe discutirles. Tal cosa no sucede con el juzgador, quien solo puede afirmar lo que está en posibilidad de demostrar. Tiene obligación de apreciar los hechos como son y no como parecen ser, y debe adjudicarles el valor jurídico que esos tengan, según lo dicten las reglas de una ciencia para la cual se han preparado y para cuyo ejercicio el Estado lo ha investido.

En su ministerio el juzgador constitucional debe principiar sabiendo que un caudal de paciencia es su primera condición para cumplir su tarea. También entenderá que su misión no la va a encontrar solamente en palabras prisioneras de la ley, porque no las hay, pues los vocablos no son simplezas descriptivas sino solo signos que tratan de configurar la voluntad social de su tiempo y de sus circunstancias. El mandamiento “No matarás” lo entiende cualquiera, pero el Estado mata por acción legal y a otros lo tolera según las circunstancias (legítima defensa). Así, aun cuando la imaginación navegue libre por la filosofía asentada pragmáticamente en los datos de la sociología, siempre va a requerir el fundamento de la ciencia jurídica para aproximarse lo más posible a lo cierto. Incluye que lo cierto es lo que en el momento histórico es. Un acto antes lícito (la esclavitud, por ejemplo) ahora es un crimen de lesa humanidad.

Quizá, por esa percepción de la complejidad del oficio judicial, se comprueba un dato empírico que registran las estadísticas: no son muchos los que sublevan su serenidad frente a un fallo adverso. Como suele ocurrir en las controversias de intereses, la resolución que las dirime tendrá que fallar a favor de uno con abatimiento de las pretensiones de la contraparte. La pacífica aceptación de lo resuelto revela una aptitud de respeto al Estado de derecho, lo que abonaría a las virtudes, pocas o muchas, que tenga la sociedad nacional.

Contrario a esa conformidad con lo resuelto en los casos particulares, ocurre una situación distinta cuando se debaten asuntos que implican en el fondo una posición ideológica. Estas, como reflejo de condición social o económica, que han sido los motores de las grandes confrontaciones políticas, suscitan, excitan y afiebran los temperamentos que tratan de incidir, incluso por medios ajenos al proceso, sobre las decisiones de los tribunales constitucionales.

No tiene nada de extraño y tampoco debe ser repudiable que esos asuntos de interés social, comunitario, gremial, e inclusive clasista, desborden los estrados del tribunal y se ventilen en público. No podemos escandalizarnos de que, según la semántica estadounidense, los correctamente llamados pressure groups, actúen y se organicen en defensa de sus posiciones. Resulta obvio que para eso existen y son expresión propia del sistema democrático, el cual, desde sus orígenes griegos, es o tiene que ser esencialmente deliberativo. Tampoco resulta irregular que los medios de prensa asuman una línea editorial definida. Igualmente es legítimo y justo que la gente se manifieste en la calle y en la plaza. En conjunto, todo es opinión y todo puede ser aporte informativo para la valoración del caso. Sin embargo, para los efectos de la solución de una controversia político-constitucional, importa que el discurso judicial se sustente en la razón metódica y no en el conteo de cabezas o en el peso de cualquier clase de poder.

Nadie hay más solitario que un juez que debe decidir sobre el destino humano, de grupos o de individuos. En cuanto más amplio sea el interés grupal, e igualmente bullicioso y exigente, tanta o más será la necesidad del o los jueces de contar con un espacio íntimo a sus meditaciones. Tiempo y soledad es lo que necesitan, recurso que la presión de la plebe no les concede. Disponen de la autoridad de Salomón pero tienen proscritos sus métodos. En el ramo penal, donde con más vehemencia se expresa la naturaleza humana, el juez debe blindarse contra los instintos sociales.

Hay evidencias que son verdades pero hay cosas ciertas que no se pueden probar. Un autor habla de la regla res ipsa loquitur que explica de esta manera: “Cuando un paciente es operado por segunda ocasión y el cirujano descubre dentro de él una esponja, la cosa habla por sí misma: no es necesaria mayor prueba para establecer la negligencia médica” En la interpretación constitucional no son muchas las esponjas que se pueden encontrar así a la vista.

El relativismo de los enunciados generales permite, faculta o auxilia interpretaciones casuísticas según convenga o deleite a las parcialidades del abigarrado componente humano que integra la ciudadanía. Conforman el Estado estratos económicos bien marcados, pueblos diferenciados por su prosapia étnica, y los perfiles ideológicos que oscilan entre los extremos del fanatismo y los intermedios de la tolerancia. Agréguese los liderazgos de conductores religiosos entre los que no faltan los iluminados que reclaman exclusividad como portadores del dogma.

Avenir lo heterogéneo, conciliar la pugnacidad o definir el supuesto de la verdad son mandatos que el común ha delegado en los jueces, posiblemente tan disímiles como la levadura humana de la que proceden. De ahí que todos confían en que ellos han de actuar orientados por una aptitud que es más virtud que ciencia: la razón. Ello no es nada fácil como lo explica esta síntesis: “Como en la crítica de Kant, la primera tarea de la razón consiste en reconocer sus propias limitaciones y trazar los límites dentro de los cuales puede operar. Denomino hiperracionalidad a la creencia irracional en la omnipotencia de la razón”. (Jon Elster: Juicios salomónicos)

La labor jurisdiccional no puede excluirse de la crítica, pero debe recordarse que todo enjuiciamiento también es relativo y asimismo expuesto a las vicisitudes que forman el criterio, bien maduro y ponderado, o, para mal, fanático y corrosivo. Quizás, en esto de los comentarios, son tan destructivos los que acuden a la violencia del verbo como los que apelan a la seducción y al elogio, puesto que el juez lo único que necesita saber, íntimamente, es que su discernimiento fue honesto y que su fallo fue justo.

Cerrar un ciclo con esa convicción conforma una suficiente recompensa a desvelos y angustias por la aproximación a la verdad. Lograrla a plenitud es una meta sobrehumana, quizá nunca alcanzada por científicos, filósofos, teólogos, ni poetas. Pero luchar por ella siempre marcará la ética y el coraje de existir en comunidad, y a esta hazaña, fieles a la conciencia, todos estamos convocados.

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