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Opiniones de hoy

¿Sueño o realidad?


Pensé y no soñé, aunque parezca sueño, que los diputados, revestidos de legalidad, podrían realizar acciones que eleven su legitimidad y la del Congreso.

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En opinión muy generalizada, el Congreso no goza de suficiente legitimidad para emitir leyes que conduzcan al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones republicanas; ni a definir reformas constitucionales necesarias para actualizar nuestro pacto social a las nuevas realidades, transcurridos ya 33 años de su vigencia y 23 años desde la reforma posterior al “Serranazo” de mayo 1993; sin embargo, esas son sus principales funciones.

En 2015, junto a Mario García Lara, advertimos el déficit de legitimidad que derivaría de un Congreso electo de candidatos impuestos por caciques y financistas y al abundante financiamiento con fondos derivados de corrupción multimillonaria; propusimos entonces, un gobierno de transición a cargo de reformar y sanear el sistema político, recortar períodos y convocar elecciones para el segundo semestre 2017 con nuevas reglas, para dar paso a un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso que asegurara representatividad y suficiente legitimidad.

Debe señalarse la falta de fortaleza institucional del TSE al inhibirse de cancelar antes de la elección a por lo menos tres partidos políticos implicados en cuantioso financiamiento ilícito y excesos del límite del costo de sus campañas, permitiendo la elección de candidatos con escasa representatividad ciudadana, impuestos por dirigencias partidarias o por financistas, o por compra directa con fondos propios, de posiciones “seguras” en los oscuros listados de candidatos. Fue evidente que el TSE se hizo de la vista gorda antes de la elección, pues pocos meses después canceló a los partidos Patriota y Lider, dejando que buen número de candidatos consecuencia de estos vicios fueran electos y estén ahora en el Congreso y que, aunque tengan poca simpatía ciudadana y escasa o ninguna legitimidad, cuentan con la legalidad otorgada por su elección y, por tanto, mientras estén vigentes los preceptos constitucionales y legales que rigen nuestra convivencia, integran el Congreso con las facultades constitucionales de aprobar leyes y de disponer reformas constitucionales antes de someterlas a la aprobación ciudadana por el procedimiento de consulta popular. En síntesis: pocas palabras: puede no parecernos este Congreso, pero es el Congreso de esta República y su participación para salir de la crisis política y viabilizar un salto cualitativo, es indispensable.

Pensé y no soñé, aunque parezca sueño, que los diputados, revestidos de legalidad, podrían realizar acciones que eleven su legitimidad y la del Congreso; por ejemplo, convocar una instancia con participación representativa de diversos sectores ciudadanos para que, en número apropiado y con reglas claras contenidas en el mismo acuerdo de convocatoria, acudan a definir y consensuar juntamente con una comisión específica del Congreso, un programa de trabajo legislativo que incluya leyes y reformas constitucionales orientadas a la reforma del sistema político y al fortalecimiento de la administración de justicia, las que el Congreso se compromete a gestionar en apego al consenso alcanzado y a su propio Acuerdo Legislativo, en el ejercicio y estricto apego a sus funciones constitucionales y a los preceptos legales que lo rigen, tan rápido como sea posible, con el solo límite del 30 de junio 2018 para la vigencia de lo que se acuerde.

Es decir, un Congreso que reconoce su débil legitimidad y se aproxima al ciudadano para trabajar con él, y legar a la nación un conjunto básico de normas que permitan en el futuro inmediato, el salto cualitativo deseado. ¿Sueño o realidad?

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