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Opiniones de hoy

Fracaso de los programas sociales

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Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que en Guatemala los programas sociales, específicamente las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), no solo no han contrarrestado la pobreza y la extrema pobreza, sino que estas más bien han aumentado después de ocho años (2008-16), de acuerdo con los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las TMC comenzaron a implementarse en el año 2008, durante el régimen de Álvaro Colom (2008-12), de corte populista autoritario, que si bien en un inicio redundaron en la ampliación de la cobertura escolar, nunca tuvieron incidencia en la reducción de la pobreza y la miseria.

Esto se atribuye a que, desde el principio, dichas transferencias condicionadas fueron manejadas bajo una óptica estrictamente político partidista, con el propósito velado de favorecer al oficialismo. Los beneficios se condicionaron a que los beneficiarios se afiliaran al partido oficial, lo que fue insistentemente denunciado, aunque, por supuesto, ha sido negado siempre por el oficialismo. Por tanto, los beneficiarios de los programas sociales fueron inducidos y cooptados por el oficialismo para sus fines de perpetuación en el ejercicio del poder, convirtiéndose en una mera clientela política, que garantizaba votos a cambio de dinero público.

De esa cuenta, se están confirmando los cuestionamientos que se hicieron en su oportunidad por la oposición política y la opinión pública a la famosa e ilegal Comisión Interinstitucional de Cohesión Social, creada bajo el abusivo régimen de Colom y presidida por la esposa de Colom, Sandra Torres de Colom, quien, posteriormente, intentó postularse como presidenciable del oficialismo (UNE), después de divorciarse de Colom, haciendo acopio, por supuesto, del clientelismo político financiado con fondos públicos.

La acción social desde el Estado, en función de contrarrestar la miseria (pobreza extrema), el hambre, la exclusión y la marginación, requiere que los respectivos programas sociales (transferencias condicionadas, nutrición, comedores populares, bolsa familiar, etcétera) se implementen con arreglo a la legalidad, así como a exigencias de responsabilidad, probidad y respeto a la autonomía personal, a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de los beneficiados.

Además, la implementación de programas sociales debe regirse por principios de institucionalidad, objetividad, transparencia, eficiencia, coordinación, participación y evaluación. De lo contrario, dichos programas están condenados al fracaso, lo que supone un enorme despilfarro de recursos públicos escasos.

Asimismo, cabe traer a colación que el financiamiento de los programas  “clientelares” fue en detrimento de los servicios públicos (seguridad, justicia, educación, salud, transporte, agua potable, drenajes, comunicaciones, energía eléctrica, vivienda e infraestructura física en general), ya que se sustrajeron recursos estatales destinados al mejoramiento de dichos servicios para ser aplicados a los referidos programas.

Increíble, pero cierto. En otros países, como México y Brasil, los programas sociales impactaron positivamente en la reducción de la pobreza y la miseria, en tanto que en Guatemala no. Esto supone que miles de millones de quetzales expropiados a los tributarios fueron despilfarrados.

Indudablemente, este despropósito amerita una investigación a fondo por parte de la Contraloría General de Cuentas, de la Procuraduría General de la Nación, del Procurador de los Derechos Humanos y del Ministerio Público; y que, en su caso, se deduzcan las responsabilidades legales correspondientes.

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