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Opiniones de hoy

Desde afuera


Cuestionar la institucionalidad es un derecho fundamental del ciudadano.

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He estado ausente de Guatemala las últimas semanas, lo cual implicó que me perdiera de la explosiones ciudadanas que han consolidado los reclamos de la Plaza del 2015. Estuve cerca, consumiendo altas dosis de redes sociales, cuando podía. Y, curiosamente, vine a caer en otra vorágine ciudadana: escribo desde Barcelona. El domingo de la semana anterior era el esperado y temido 1 de octubre.

El referendo independentista podría haber parecido una idea descabellada… hasta que el Gobierno español tomó medidas radicales para impedirlo. Esgrimiendo como arma “la institucionalidad” tomó una serie de medidas que lograron alinear a muchos catalanes antes indiferentes o indecisos en favor del referendo. En otras palabras, si lo que el Estado español pretendía era disuadir, logró justamente lo contrario: atizó el fuego de la dignidad ciudadana y de la rebeldía.

Y he aquí donde los cabos se atan entre Guatemala y Cataluña. Porque tanto allá como aquí se ha pretendido utilizar la institucionalidad como un mazo para golpear a los ciudadanos, alejándola así de su mejor sentido democrático y garantista.

Y no se trata de irrespetar la institucionalidad. Se trata de entenderla. En el caso de Cataluña afirmar que la institucionalidad puede esgrimirse para impedir el voto ciudadano es poner en tela de duda su legitimidad. La institucionalidad sirve para permitir el ejercicio de los valores democráticos, para asegurar que el el poder público se utilizará para el bien común. No para defender, a capa y espada, los poderes establecidos.

En el caso de Guatemala, la institucionalidad no puede servir para apañar la corrupción de un puñado de funcionarios públicos, traidores de la razón misma de ser de sus cargos. Se jactan de que obran en ejercicio de la representatividad que les fue concedida en las urnas, bajo el amparo de la institucionalidad. Pero usan sus cargos no para representar a los ciudadanos que los eligieron, sino para traicionar todos los intereses de esos ciudadanos. En pocas palabras, la institucionalidad utilizada de esta manera es una estafa.

Estamos presenciando una transformación de la ciudadanía. Aquellos tiempos de la representación política lejana e incuestionada, están muriendo. Y ojalá esta muerte se lleve consigo a todos los funcionarios públicos que corrompen la política. Quizá estamos ante el advenimiento de mandatos menos amplios, menos consolidados, más cuestionables. Quizá estamos frente a la construcción de Estados más plásticos, que no basan su fuerza en la formal adhesión a una institucionalidad vacía, sino en el buen cumplimiento del bien común. El buen gobierno es la mejor garantía del respeto a la institucionalidad.

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