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Opiniones de hoy

Indemnización a funcionarios con período fijo


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El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge De León Duque, anunció que no tiene derecho a indemnización cuando finalice su periodo fijo de funciones (5 años), que finaliza el 20 de agosto de este año. “Quienes somos electos por periodos establecidos, NO tenemos derecho a Indemnización”, afirmó categóricamente De León Duque.

Esta afirmación contrasta con el hecho de que la Corte de Constitucionalidad (CC) pagó al expresidente Alejandro Maldonado cerca de Q400 mil, en concepto de indemnización (compensación por los daños y perjuicios causados por el despido injustificado) por haber ocupado el cargo de magistrado de la CC, del cual renunció en 2015 para asumir como Vicepresidente de la República, a raíz de la renuncia de la Vicepresidenta electa, Roxana Baldetti.

Los magistrados de la CC, al igual que los otros funcionarios (Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la Nación, Contralor General de Cuentas, PDH, Fiscal General de la República, Presidente del Banguat, Presidente del IGSS, Superintendente de Bancos, Superintendente de Administración Tributaria, etcétera) nombrados o electos para desempeñarse durante períodos de funciones fijos o determinados, han venido cobrando indemnización al concluir dichos períodos, incluso aquellos que han renunciado (separación voluntaria) como en el caso de Maldonado. De hecho, estos precedentes han dado pie para que el Presidente y Vicepresidente, así como los diputados al Congreso y al Parlacen también pretendan cobrar indemnización.

Lo anterior no obstante que la Constitución solo admite que sean indemnizados los trabajadores del Estado al ser despedidos sin causa justificada (derecho que no puede exceder de diez meses de salario). Por tanto, la Constitución no reconoce la indemnización universal (por renuncia o terminación del período de funciones). El Presidente y Vicepresidente, los diputados, magistrados y los otros funcionarios son designados, por mandato constitucional o legal, para un período fijo o determinado, no susceptible de ser ampliado ni prorrogado. Algunos pueden ser reelectos, más no designados a perpetuidad o por tiempo indefinido. Por tanto, no puede asumirse jamás que la terminación del período fijo o determinado de funciones de gobernantes, diputados, magistrados y otros funcionarios, por sí misma, equivale a un despido injustificado. Este se daría solo en los casos de una remoción arbitraria o que, por mandato constitucional o legal, cambiare la naturaleza de la función. La renuncia tampoco es causal de indemnización.

Por el hecho de que en el pasado los funcionarios electos o nombrados para un período de funciones fijo o determinado hayan cobrado indemnización como consecuencia de la sola terminación de su período de funciones, no significa que esta forma de proceder no sea inconstitucional o ilegal. El error no es fuente de Derecho y tampoco es correcto ni justo para las finanzas públicas perpetuar este error de pago indemnizatorio.

¡Loor a Jorge De León Duque por su lealtad a la Constitución!

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