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Opiniones de hoy

Incerteza jurídica


Ahora bien, en los dos últimos años la Corte se ha alejado peligrosamente de estos criterios llegando a extremos que hacen tambalear la certeza jurídica en el país.

 

El actual presidente de la Corte de Consti-tucionalidad comentó públicamente al tomar posesión de su cargo el pasado 14 de abril que la resolución definitiva del amparo que tiene suspendidas las hidroeléctricas OXEC I y II sería emitida en el plazo de un mes, el cual venció y aún no sabemos si la resolución es inminente.

Dada la trascendencia de este caso para el país, es oportuno hacer una revisión rápida de los grandes criterios establecidos por la Corte en los últimos diez años en casos relacionados con la violación al derecho de consulta. Los primeros amparos fueron promovidos por el Colectivo Madre Selva por el año 2007 en contra de la actividad minera e hidroeléctrica, y desde entonces la Corte fue consistente en varios aspectos: en reconocer la potestad que tiene el Estado de decidir sobre la implementación de proyectos estratégicos como la generación de energía eléctrica por ejemplo; en reconocer el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados; confirmar que el resultado de las consultas no es vinculante; que el objeto de las consultas es alcanzar acuerdos y viabilizar las inversiones; en reconocer que debe consultarse a las comunidades directamente afectadas y a sus representantes legítimos y exhortar constantemente al Congreso de la República para legislar los procesos de consulta.

Ahora bien, en los dos últimos años la Corte se ha alejado peligrosamente de estos criterios llegando a extremos que hacen tambalear la certeza jurídica en el país, por ejemplo reconoce la representatividad de un individuo, que no pertenece a las comunidades potencialmente afectadas y quien ha sido desconocido por las mismas comunidades; ignora la naturaleza no vinculante de las consultas provocando la suspensión temporal o definitiva de licencias para proyectos productivos ocasionando con ello daños irreparables; define inconsistentemente los procesos de consulta a seguir, las instituciones y grupos de personas a quienes hay que consultar o que deben participar en los procesos, ocasionando más problemas que soluciones.

Los grupos que promueven este tipo de amparos han mencionado que hay setenta más que están por llegar a las Cortes. Ante esta situación caótica y que tendrá consecuencias impredecibles si las Cortes siguen fallando como lo han venido haciendo en los últimos meses, las preguntas que debemos hacernos y tratar de contestar son: ¿quiénes son los verdaderos autores de estos ataques y cuáles son sus verdaderos intereses?; ¿quién financia estas demandas y por qué?; ¿a quién le interesa que Guatemala se quede sin luz, sin carreteras, sin trabajo, sin inversión?, ¿qué responsabilidad tienen las Cortes en todo este embrollo? ¡Exijamos que se actúe con coherencia y responsabilidad!

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