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Opiniones de hoy

La práctica del abuso

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“Lo que no está permitido debe entenderse prohibido”

 

Cuando el ejercicio de la función pública o el desempeño de un cargo estatal se hace excediéndose de los límites impuestos por la ley o de manera injusta, arbitraria o indebida, en perjuicio o menoscabo del Estado o de personas individuales o sus derechos o patrimonios, estamos frente a un típico abuso de poder o de autoridad.

Por otro lado, cuando una persona ejerce un derecho (facultad atribuida o reconocida por la ley a las personas) con exceso, mala fe o engaño, en detrimento de los derechos de otras personas, se produce un abuso de derecho entre particulares.

Para los funcionarios públicos rige el principio de que “lo que no está permitido debe entenderse prohibido”, a diferencia del principio que rige la vida privada “ha de entenderse permitido todo lo que no está prohibido”. De ahí que la Constitución establezca que los funcionarios están sujetos a la ley, es decir sujetos a límites legales.

No obstante, en nuestro país muchos políticos creen que pueden ejercer el poder público en forma ilimitada, fuera de la ley o contra la ley. Es más, hay quienes tienen la fatal arrogancia de que pueden aprovecharse, de manera ilícita e impune, del desempeño de los cargos públicos, a través del nepotismo (favores o empleos a familiares y amigos), del clientelismo político (intercambio de favores y ventajas por votos y apoyo político) y de los actos de corrupción en general.

Empero, el abuso de autoridad en perjuicio de los derechos de los particulares también es un constante flagelo en nuestro país. Todos los días los derechos fundamentales de los guatemaltecos (derechos de acción, de igualdad, de contratación, de pensamiento y expresión, de defensa, al debido proceso, de seguridad personal, a la presunción de inocencia, a la no confiscación de bienes, a la tutela judicial eficaz) son amenazados, conculcados o violados mediante actos de autoridad. Por tanto, es vital, esencial, que se preserve, proteja y fortalezca la institución del amparo, que es una garantía constitucional que tienen los gobernados de acudir ante el poder judicial, para que se restablezca la plena vigencia de sus derechos fundamentales, constitucionales o legales, cuando estos se vieren amenazados o violados por alguna autoridad.

En lo que respecta al abuso de derecho entre particulares, cabe advertir que el ejercicio de los derechos de las personas debe llevarse a cabo en un plano de buena fe, igualdad y respeto de los derechos de los otros. No obstante, debe reconocerse que en nuestro país existe una suerte de cuasi cultural abuso de derecho, a través del que el más fuerte, el más avezado o el inescrupuloso, toma ventaja, se aprovecha o engaña a los demás, en menoscabo, por supuesto, de los derechos de estos.

En materia de derechos fundamentales, si bien no existe jerarquía entre los mismos, debe entenderse que el límite del ejercicio de un derecho fundamental por una persona se presenta en el momento en que dicho ejercicio colisiona con el ejercicio de otro derecho fundamental por otra persona. Por ejemplo, cuando el ejercicio del derecho de manifestación colisiona con el ejercicio del derecho de locomoción. De ahí que todo derecho fundamental debe ejercitarse con máxima responsabilidad y respeto.

Como podrá advertirse, la práctica del abuso es un flagelo en nuestra sociedad que debe combatirse y sancionarse, con el propósito de que se erradique o desaparezca, en aras de apuntalar la convivencia pacífica y la armonía social.

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