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Opiniones de hoy

Un debate necesario


Todo depende de la buena o la mala fe.

 

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El debate sobre legalidad en Guatemala se da por primera vez en muchos años en torno a la práctica. No es un debate teórico y retórico, aunque forzosamente incluye esas dimensiones. El tema y sus matices se refiere a la actuación en casos concretos del Ministerio Público y la CICIG, la SAT y otras pocas entidades que se han despegado del pelotón en los dos últimos años.

Nadie, o casi nadie, va a decir, por supuesto, que no apoya la lucha contra la corrupción. Todos, al menos retóricamente, nos vamos a situar del lado correcto. Pero desde nuestras propias circunstancias pondremos los puntos y matices, validando o invalidando la práctica. Por ejemplo, se vale preguntar ¿por qué persiguen a alguien señalado de un delito menor y no van tras el pez gordo y, por tanto, poderoso? Es legítimo esperar una respuesta profunda al respecto. O bien, se suele argumentar, no es el fondo lo que preocupa, es la forma.

La forma puede tener, en efecto, muchas incomodidades, como las de ordenar el allanamiento y captura del sospechoso, con enorme despliegue de fuerza, en vez de simplemente citar al individuo al tribunal. También los retardos en los procedimientos que mantienen en prisión preventiva a los sindicados en casos complejos. No me refiero solo a 17 meses, como en casos de alto impacto, sino hasta 5 y 6 años de casos anónimos, antes de que estallara la abierta y sistemática lucha contra la impunidad en abril de 2015. En estos últimos casos el retardo era deliberado y formaba parte de la corrupción en el sistema judicial, lo cual no se puede alegar ahora en la mayoría de casos.

Si el punto de partida es un acuerdo para fomentar cultura de legalidad, hay por supuesto muchos aspectos que se pueden y deben corregir y mejorar en los procedimientos, sobre todo en un sistema como el nuestro, informal, construido sobre el abuso, que fomenta la actitud del “vivo”, tolera al déspota y se achicopala frente al arrogante. Llegado a este punto es necesario distinguir cultura de legalidad y Estado de Derecho. La cultura de legalidad incluye dimensiones éticas, políticas y psicosociales, además de las jurídicas y administrativas, como bien apuntan los tratadistas (i.e. Villoria y Wences). Se refiere a asumir deberes ciudadanos extendidos a la sociedad, la convicción de que la ley es justa, es decir, legítima, y la vigilancia por la aplicación coherente de la ley, o sea, imparcialidad y efectividad.

También hay crítica a la forma solo para ganar tiempo, mientras se va la CICIG, termina el periodo de Thelma Aldana o relevan a Foppa. Esto es gatopardismo. Volver al punto de la impunidad inconmovible o donde la justicia tiene dueños o está al servicio del mejor postor. La ventaja ahora de debatir en torno a cultura de legalidad es que esta incluye participación y rendición de cuentas, pues es un componente de la calidad democrática. Y en tal sentido se vale identificar a los poderes que tratan de llevar agua a su molino, incluso bajo el manto de la lucha contra la impunidad. Todo aquello que legítimamente no se critica, más temprano que tarde incubará déspotas, personajes arrogantes y protegerá a otros “vivos”, aparentes abanderados de las buenas causas.

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