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Opiniones de hoy

Ontología constitucional (2)


La generalidad, abstracción e indeterminación de la norma suprema encuentra su cauce específico en las normas del Derecho Ordinario.

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Las palabras de Maritain, con las que termina el primer artículo publicado en elPeriódico con el mismo título, permiten pensar que la Ley Natural es la manifestación del Derecho Natural. Este, sin embargo, presenta dos formas históricas en las cuales se evidencia: la racionalista y la clásica, las cuales es necesario mencionar aquí para estructurar en su entera dimensión la forma en que influye en nuestra Constitución.

La primera atiende únicamente a la razón como fuente de Derecho, recogiendo la antigua afirmación cartesiana que expresa que no debe aceptarse nada que la razón no comprenda, y la segunda, que ha vuelto por sus fueros en la segunda mitad del siglo XX, la cual se encuentra basada en el enfoque aristotélico que tiende a comprender el derecho de forma abierta a las circunstancias espacio-temporales y a la historia, eliminando así el falso problema de dos órdenes normativos contrapuestos que son el natural y el positivo, cuando la correcta forma de entender las cosas radica en que la generalidad del derecho natural, solo puede ser desarrollada a través de normas de derecho positivo, de modo que uno y otro se complementan: el primero descubre la norma, y el segundo la aplica al orden jurídico vigente.

Como ejemplo de lo dicho, el Derecho Natural afirma la prohibición de matar a otra persona, en términos generales; la norma de derecho positivo, desarrolla esa norma, mencionando en qué circunstancias si es posible hacerlo, como es el caso de la defensa propia, con los instrumentos idóneos para preservar la vida, o el caso de una guerra justa. Así, el Derecho Penal tipifica el asesinato y las penas en que incurre quien lo comete, pero sobre esta norma de Derecho Común, está la norma constitucional, contenida en los artículos primero y segundo de la Carta Magna ya citados, que vienen a ser desarrollados circunstancialmente por el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal respectivamente. En otras palabras, la generalidad, abstracción e indeterminación de la norma suprema encuentra su cauce específico en las normas del Derecho Ordinario.

Desde esta perspectiva, y en palabras de Jesús Ballesteros, en su obra Sobre el Sentido del Derecho. Introducción a la Filosofía Jurídica, explica con mucho acierto esta aparente contradicción entre Derecho Natural y Derecho Positivo, cuando afirma que “El carácter práctico del derecho natural permite por tanto salvar a un tiempo la regla y la excepción. Desde esta perspectiva aparece clara la mayor riqueza y virtualidades del yusnaturalismo clásico racionalista, construido more geométrico, que resultaba ciego para la excepción, para la equidad, para la historia, sino también frente a la moderna ragione di stato (razón de estado), o la también moderna “moral de situación”, que parecen olvidar la existencia de la regla. Esta riqueza de matices va unida a la dimensión de la prudencia, de la fronesis, que es la encargada de encontrar la verdad práctica, la regla y la excepción. Es ella por tanto la que permite superar a un tiempo toda visión utópica y ucrónica del derecho, sin caer por ello en el escepticismo o el relativismo. La primacía de la equidad, como justicia del caso concreto, y por consiguiente la apertura a las circunstancias del hic et nunc impidieron al yusnaturalismo clásico que incurriera en el esprit de systeme (espíritu de sistema), que iba a caracterizar luego al yusnaturalismo racionalista y de esta forma, lograron también resolver el tema de las relaciones entre el derecho natural y el Derecho Positivo”. Op. Cit. P.105. 3a. Edición. 2001. Editorial Tecnos.

Las palabras anteriormente citadas ponen en evidencia el carácter fundamental de la norma constitucional, integrado por la parte dogmática de la Constitución Política de la República, pues partiendo de la norma constitucional a la que no pueden sustraerse, se legisla sobre la legislación inferior jerárquicamente, en el caso del ejemplo, el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. Esas normas constitucionales de carácter dogmático recogen la naturaleza del hombre, la cual el Estado no puede sino RECONOCER, jamás crear o derogar, pues ese Estado está compuesto por hombres, sujetos a la misma ley, como lo reconoce nuestra propia Constitución, al afirmar en sus Artículos 153 y 154, lo siguiente: 153: Imperio de la ley. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República.
154.
Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella”.

En esa clave del predominio de la justicia para el caso concreto, radica, precisamente, el rango de la equidad que combinada con la moral, inherente al Derecho por antonomasia, pues no lo hay sin esta característica medular de la ley natural que distingue per se, el bien del mal, no puede hablarse del Derecho como lo definían los romanos, diciendo de él, que es el arte de lo bueno y de lo justo, aunado a la prudencia como virtud, todo lo cual despoja a nuestra disciplina de cualquier clave ideológica que pretenda endilgársele, y lo erige en la columna vertebral de la democracia, como lo denominó Karl Popper en su obra, La Sociedad Abierta y sus Enemigos.

Por supuesto, esta afirmación pretende el logro de un ordenamiento jurídico libre, entre otras cosas, de la epidemia del positivismo que hoy ha cundido en sus entrañas, ahogándolo en el mar de los intereses de los grupos de poder, a lo cual coadyuva nuestra Constitución, en algunos de sus artículos, comenzando con el 157 que dice: “Potestad Legislativa e integración del Congreso de la República. La Potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados elegidos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, por un período de cuatro años pudiendo ser reelectos”. Esa norma es objeto de doctrina de la Corte de Constitucionalidad, en su fallo del 26 de junio de 1991, contenido en el mismo expediente que citaré para el Artículo 171. La sentencia menciona en su parte conducente: “…De conformidad con el Artículo 157 constitucional la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, la que debe ejercerse dentro del marco de la Constitución Política que es la ley fundamental en que se sustenta el ordenamiento jurídico, con el fin primordial de realizar el bien común (Artículos 1, 152 y 171 inciso a) de la Constitución. Sobre esta declaración del texto constitucional se basa el régimen democrático y representativo vigente del que dimanan dos consecuencias: a) el conocimiento de que el Congreso de la República es el depositario de la potestad legislativa en su ejercicio ordinario; y b) la jerarquía especial de las leyes emitidas por el mismo como expresión de la voluntad soberana del pueblo a través de sus representantes, sometida a la supremacía de la Constitución…” Por su parte, el Artículo 171 cuando menciona que “Corresponde también al Congreso: a) Decretar, reformar y derogar las leyes”. Esta facultad se ve refrendada por la Doctrina Constitucional al respecto, de la cual solamente citaré el fallo contenido en la sentencia de fecha dieciséis de junio de mil novecientos noventa y uno, que consta en el expediente número 364-90, página No. 18, el cual se encuentra en la Gaceta número 20 y que dice: “….Corresponde al Congreso de la República la potestad legislativa, con la atribución de decretar, reformar y derogar las leyes. Esa facultad legislativa se complementa con la función asignada al Presidente de la República, Jefe del Organismo Ejecutivo, de sancionar y promulgar las leyes. Pero esas funciones, que dan al Ejecutivo cierto control político de la función legislativa no pueden entorpecer al Organismo Legislativo en el ejercicio de sus potestades, porque en tal caso se supeditaría la potestad legislativa del Congreso a la voluntad, actividad o inactividad del Ejecutivo, lo que sería frontalmente contrario al principio de la independencia y no subordinación de poderes…”.

Esta facultad del Legislativo de decretar, reformar y derogar las leyes, no menciona en ningún momento que las mismas deban ser justas, como tampoco se menciona tal requisito para los entes que tienen iniciativa de ley, no obstante que el Artículo 157 subordina la actividad legislativa a la sumisión constitucional por parte del Congreso de la República, con el fin de conseguir el bien común, disposición esta que se burla constantemente mediante los artilugios del positivismo jurídico.

Como conclusión preliminar, puede decirse que nuestra Carta Magna sí está dotada de una Ontología que la define, de una esencia que constituye su razón de ser, que es el bien común, lo que hace innecesarias las reformas constitucionales en el sector justicia que se encuentran, por ahora, estancadas en el Congreso de la República, y que de aprobarse contribuirían a la innecesaria dimensión de nuestro ordenamiento legal, para beneplácito de quienes pretenden lograr esa dispersión para hacer aún más anárquica la administración de justicia. En una próxima publicación se tratará de analizar cada una de esas propuestas para evidenciar la finalidad caótica de quienes, con aviesos fines, pretenden incorporar las mismas a la Carta Magna.

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