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Opiniones de hoy

Discusión de las reformas constitucionales


El Congreso debe abrir un amplio debate ciudadano.

 

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El pasado jueves, se presentó ante el Congreso un proyecto de reformas constitucionales, elaborado a instancias del Ministerio Público (MP), del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a través del cual se propone modificar algunos preceptos de la Constitución relacionados con el sistema de justicia.

De la simple lectura de dicho proyecto, se establece, entre otras propuestas, que: (i) Se eliminan las comisiones de postulación dentro de los procedimientos de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones, así como del Fiscal General; (ii) Se crea una estructura organizacional autónoma (Consejo Nacional de Justicia) encargada del funcionamiento interno del Organismo Judicial (OJ) y de la administración de la carrera judicial, con facultades de proponer candidatos y elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuyos integrantes gozan de derecho de antejuicio y reportan directamente al Congreso; (iii) La elección de magistrados de la CC queda a cargo del Congreso, el Presidente de la República y el Consejo Nacional de Justicia, lo que supone la exclusión de la CSJ, del Consejo Superior Universitario (Usac) y del Colegio de Abogados; (iv) Se establece la renovación parcial por tercios de la CSJ y de la CC; (v) Se alargan los periodos de funciones de los magistrados de la CSJ y de la CC de 5 a 9 años; (vi) Se suprime la jurisdicción única y se reconoce la jurisdicción indígena; (vii) Se introduce el sorteo para designar a los Presidentes de la CSJ y de la CC; (viii) Los funcionarios y dignatarios que hubieren sido despojados de la inmunidad inherente a los cargos contra los que se decrete auto de procesamiento penal, quedarán suspensos en sus funciones; (ix) Se reconoce la equidad como fuente formal del Derecho, además de la ley (complementada por la jurisprudencia y la costumbre probada), y no solo como método de interpretación de la ley; (x) Se eliminan los periodos de funciones de 5 años de magistrados y jueces, así como se fija en 75 años la edad de jubilación; (xi) Se ordena la emisión de la Ley de Aplicación de Principios Generales del Derecho y la Ley del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción; y (xii) Se ordena la reforma pertinente de los siguientes cuerpos legales: Ley de Amparo, Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley Orgánica del MP, Ley del OJ, Código Procesal Civil y Mercantil, Ley del Tribunal de Cuentas, Ley de lo Contencioso Administrativo, Ley en Materia de Antejuicio y Código Militar.

Entiendo que el referido proyecto fue elaborado por una “secretaría técnica” ad hoc, integrada por delegados del MP, del PDH y de la CICIG, después de alimentarse de las innumerables propuestas de enmienda presentadas en las mesas de discusión que se organizaron ex ante. Por tanto, el citado proyecto no es el producto de una suerte de consenso, sino que el mismo es el resultado de lo que finalmente decidió incorporar la “secretaría técnica”.

En mi opinión, el Congreso es el foro idóneo para abrir un amplio e irrestricto debate ciudadano sobre el proyecto reformista, sobre todo considerando la importancia de la materia constitucional que podría ser objeto de enmienda. Un debate ciudadano tal es inherente a la producción democrática del Derecho.

En todo caso, si el debate ciudadano, a instancias del Legislativo, se omitiere, lo más probable es que, dado el caso que el proyecto fuere aprobado por los diputados sin las potenciales modificaciones, el debate ciudadano, de cualquier manera, se llevará a cabo con motivo del referendo constitucional que deberá convocarse para la ratificación del citado proyecto por la población, dando pie a una eventual polarización entre el “sí” y el “no”, como ocurrió en el referendo constitucional celebrado el 19 de mayo de 1999 y en el reciente plebiscito en Colombia, eventos en los que se impuso el “no” finalmente.

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