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Opiniones de hoy

¿Reforma o revolución?


Se discute sobre la importancia del cambio constitucional, ya sea por modificación–cambios mínimos– o por reforma significativa, por ejemplo, la propuesta reforma del sector justicia.

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Lejos de ser un dilema entre cambios leves o significativos, la sociedad guatemalteca debiera ocuparse en alcanzar un acuerdo sobre la sociedad que queremos y, en función de esa imagen objetivo, dialogar sobre la pertinencia de una reforma constitucional significativa, o de un cambio radical y revolucionario que establezca bases diferentes a las existentes y que, en el transcurso del tiempo, han conformado un sistema político e institucional que garantiza la sobrevivencia y reproducción del viejo orden que ya ha mostrado abundantemente sus insatisfactorios resultados; debiéramos discutir pues, sobre la pertinencia de una reforma radical que supere las deficiencias del orden constitucional actual, a fin de establecer bases jurídicas nuevas que faciliten emprender la construcción de una sociedad solidaria, democrática y dinámica en beneficio de todos, creando condiciones para superar la insatisfacción ciudadana que se percibe y agudiza gradual y progresivamente.

Si se sigue haciendo lo mismo, como lo señaló Einstein, no tendremos resultados diferentes; por ello, nuestro marco constitucional y jurídico requiere de una especie de revolución traducida en cambios que: dejen atrás los privilegios; superen el ya evidentemente agotado presidencialismo y se orienten hacia un sistema parlamentario, con un Presidente de la República en calidad de Jefe del Estado y un Presidente o Jefe de Gobierno designado por el Parlamento; se incrementen los distritos electorales para acercar al ciudadano a sus representantes; se defina la pertinencia de tener o no un Ejército; se liberalicen los monopolios estatales sobre la seguridad social y la educación superior; se establezcan políticas de educación, salud y asistencia social que no limiten la capacidad de cada persona o grupo de ser forjador de su propio destino y que, por supuesto, se ejecuten políticas sociales subsidiarias en auxilio temporal de personas o grupos para asegurar su capacidad de ser y de construir su futuro; que en lo económico se asuma la economía de mercado abierta y competitiva en un marco institucional y jurídico que oriente la actividad económica en un ambiente empresarial competitivo, de armónica relación entre trabajadores y patronos, de respeto a los derechos humanos y del dinámico desempeño de la libre iniciativa económica y de la sana competencia, del cumplimiento de las responsabilidades fiscales y de la protección del medioambiente; y, en general, de un Estado que apoye y no obstaculice el desarrollo de la actividad económica de los ciudadanos y empresas.

El proceso debe, algún día, partir de un gran acuerdo nacional e iniciar con la aprobación de una LEPP que renueve el sistema político, asegure la integración de un Parlamento o Congreso con altos niveles de representatividad, facilitado por la libre participación de los ciudadanos y el establecimiento de más distritos electorales que favorezcan una elección consciente e idónea de los representantes; como ejemplo, los departamentos –actuales distritos electorales– de San Marcos y Huehuetenango podrían contar con seis y hasta ocho distritos que coincidirían con espacios de grupos étnicos concretos o de cuencas hidrográficas u otros criterios de pertinencia cultural o geográfica que harían posible la elección de verdaderos representantes.

La tarea no es fácil, ¡pero se hace tarde para emprenderla!

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