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Opiniones de hoy

El grave error en el que podríamos incurrir


Aquí no caben “ocurrencias” sino la reformulación de lo pactado.

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Reformar la Constitución de la República, es reformar –así de claro– el pacto de paz social que establecimos, pacto cuya legitimidad fuera reconocido por la insurgencia armada (imperfecto y que debía perfeccionarse, pero legítimo) punto de partida, referencia y límite para que la firma de la paz fuera posible. Todo podía hacerse, incluso la reforma o sustitución misma del texto constitucional pero siguiendo sus normas para hacerlo.

No deben tratarse, en consecuencia, las reformas a la Constitución Política de la República ¡Es preciso que sepamos comprenderlo! de simples ocurrencias, por muy afortunadas que pudieran parecernos.

Al reformar, lo que reformaríamos es ese pacto establecido y lo que debemos sopesar es si cada una de las reformas que pudieran ocurrírsenos se encuentra de acuerdo con el mismo, lo mejora o si, incluso, lo reformula o lo sustituye.

Hacer una Constitución –tal su sentido democrático– es pactar las normas fundamentales que rijan la relación entre los habitantes de un Estado y, reformar una Constitución, es reformar ese pacto. 

¿Podría una Constitución no ser pactada? Claro está que podría pero su origen no sería democrático –producto de un consenso– y aunque pudiera ser excelente (despotismo ilustrado) también podría ser nefasta y, así, de la misma manera, sus reformas. 

Douglas McArthur estableció el orden constitucional que habría de regir en el Japón, tras la victoria de los Estados Unidos de América este imperio en la II Guerra Mundial y, sin ser democrático su origen, funcionó, imbuido el orden establecido en sus propias tradiciones y en normas e instituciones democráticas.

Anteriormente a 1985 nuestras Constituciones distaron mucho de ser un pacto, habiéndose tratado de textos inspirados en otras realidades, poco informados de la nuestra, lo que incluye a la de 1945, surgida en el ámbito de la euforia revolucionaria y habiendo pesado en ella, más que el pacto, esa euforia. 

Muy “perfecta”, formalmente, la de 1965, surgida de un gran jurista –dictada a su secretaria– y después, formalmente dictada por los diputados constituyentes. 

La Constitución de 1985 es la primera de nuestras Constituciones que merece –por su origen– el calificativo de pacto, habiendo sido tres las fuerzas mayoritarias en la Asamblea –todas muy parejas– y otras que, aunque pequeñas, muy combativas y elocuentes, lo que obligó a que necesariamente se buscaran acuerdos y consensos para establecer cada una de sus normas (la norma que contiene los impedimentos para acceder a la Presidencia de la República –un baldón– constituye tema aparte) habiendo privado en esta Constitución los siguientes aspectos fundamentales y, aunque parezca mentira, por primera vez, la aparición del ser humano –de su protección– como la razón de ser mismo del orden constitucional a establecerse, siendo una Constitución eminentemente garantista (recogida la necesidad de las garantías –al extremo– por la amarga experiencia que habíamos vivido y que aún vivíamos entonces) siendo necesaria consecuencia de estas concepciones iusnaturalistas, las normas que pacta sobre las comunidades indígenas, normas que también, aunque parezca mentira, aparecen por vez primera en nuestra Constitución, implícitas en ellas las nacionalidades diversas que constituyen el Estado; la necesaria descentralización del mismo, pasando –también por primera vez– de la retórica a la realidad en lo que a descentralización se trata (Me explico; La autonomía municipal, sin recursos, no es autonomía) siendo esta la primera Constitución que se los dio, y que hizo real la autonomía del municipio y, finalmente, su sentido institucional y de pesos y contrapesos para el debido ejercicio del poder: Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Procurador de los Derechos Humanos. Autonomías constitucionales en los órganos de control e independencia en los jueces.

¿El defecto de la Constitución? Que no se cumple lo que quiere decir –ni más ni menos– que no se cumple el pacto de paz social que establecimos y, si este no se cumple, ¿Cómo pretender que pudiera haber paz entre nosotros? 

Por “ocurrencias”, sin recapacitar en que estas alteraban el pacto de paz social establecido introdujimos dentro del orden constitucional las nefastas comisiones de postulación que, en vez de “despolitizar” (esto es lo que pretendían) politizaron y prostituyeron a la Academia, los Colegios y los Jueces.

El pacto de paz social hacía de las designaciones judiciales la más importante de las decisiones políticas –en las manos, las nominaciones, del pueblo representado y no de entidades intermedias fascistoides, fracasada la representación, y lo he señalado, por la falta de distritos pequeños que faciliten el cordón umbilical entre representantes y representados, sensible tema de ese pacto establecido y cuya reformulación debería pactarse, clave como lo es del ejercicio del poder político. 

Cambiamos nuestro pacto constitucional en 1994, sin ni siquiera percatarnos, preocupados de lo meramente instrumental y sorprendidos en nuestra buena fe por algunas corruptelas, error que no debe repetirse.

En nuestra Constitución Política lo que falla es que no tiene los dientes para hacerse cumplir y que el pueblo, ha dejado de estar y de sentirse representado en el Congreso –eso era lo pactado: que en el Congreso de la República se encontrase el pueblo –allí– representado. ¿Consideraríamos los distritos pequeños?

¿Vamos a reformar la Constitución? Pues bien, entendamos que vamos a reformar el pacto de paz social que establecimos: Aquí no caben “ocurrencias” sino la reformulación de lo pactado.

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