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Opiniones de hoy

¡Otra vez más impuestos!

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El régimen de Jimmy Morales, como todos los anteriores, ha caído en las redes de los militantes tributarios que, obsesivamente, propugnan porque se cargue a la población con más impuestos.

Cabe advertir que, además de los impuestos decretados en el “Paquetazo Tributario 2012” (elaborado durante los corruptos regímenes de Álvaro Colom y Otto Pérez), que vino a confiscar los ingresos de la clase media (trabajadores, profesionales, técnicos, burócratas, pequeños y medianos empresarios), y en la Ley del Presupuesto 2015, mejor conocido como el “mamarracho presupuestario” (que contiene impuestos y recargos a la telefonía, al cemento y a la explotación minera y materiales de construcción), los politiqueros (especialmente los peludos de la UNE y el oficialismo) y los militantes tributarios pretenden que el Congreso eleve las tasas de ISR de 25 a 31 por ciento y de siete a diez por ciento, aumente la tasa del IUSI y grave las transacciones bancarias y con tarjeta de crédito, la telefonía celular, la minería y el cemento, entre otros.

A estas alturas, todos sabemos que el grueso del gasto público se destina a burocracia, despilfarro, corrupción, gravosos pactos colectivos de trabajo y clientelismo. Esto último es tan cierto que el mal llamado “gasto social” no se está destinando a apoyar a los sectores más pobres o miserables del país, sino que se destina a cultivar “clientelas electorales” que favorecen a los partidos que accionan para mantener la “cleptocracia”. Por tanto, se confirma una vez más que los politiqueros solo piensan en un gobierno para “pistear” a los que votan y punto.

No hay duda, entonces, que los politiqueros y sus financistas solo quieren más dinero (vía impuestos y endeudamiento público) para gastarlo en más burocracia, para financiar a sus “clientelas electoreras” y para embolsárselo hasta hartarse. Por supuesto, sin rendir cuentas, sin que se les persiga penalmente por enriquecimiento ilícito, sin que se les obligue a racionalizar y transparentar el gasto público, sin que tengan que responder por la calidad del gasto, sin que se prohíba el gasto discrecional, sin que se aplique la Ley de Contrataciones del Estado, sin que el Congreso evalúe las ejecuciones presupuestarias anuales y sin que las transferencias presupuestarias estén sujetas a límite alguno.

En relación a la calidad del gasto público y a la efectiva fiscalización no propone nada el régimen de Morales. Nada tampoco dicen los gobiernistas de los “vehículos del desmadre en el sector público”: Fideicomisos estatales, Secretarías de la Presidencia, fondos sociales, consejos de desarrollo (que ejecutan el listado geográfico de obras que se recetan los diputados), oenegés y demás mecanismos de gasto discrecional y opaco.

¡Conciudadanos! ¡Opongámonos a nuevos impuestos y a que los politiqueros sigan endeudando al país! ¡Luchemos contra la corrupción en el Gobierno! Ejerzamos el derecho constitucional de resistencia a la opresión.

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