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Opiniones de hoy

Otro amotinamiento carcelario


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El pasado lunes, el exmilitar Byron Lima Oliva, condenado a 20 años de prisión por la muerte del obispo Juan José Gerardi Conedera (ocurrida el 26 de abril de 1998), y otros 12 reclusos fueron asesinados durante un presunto enfrentamiento por el control de la cárcel Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes. Varios cuerpos fueron decapitados.

El lunes 11 de enero de este año, en el centro carcelario denominado Fraijanes 2, los privados de libertad tomaron a 20 rehenes, al director del presidio, y por casi diez horas mantuvieron el control del reclusorio. Por tanto, hubo necesidad de movilizar a la fuerza pública y a las fuerzas armadas. Los amotinados depusieron su actitud después que se accedió a sus demandas.

Ese mismo día, en la cárcel de Chimaltenango, los reos también se amotinaron y se reportó un enfrentamiento que dejó muertos y heridos, entre ellos un guardia penitenciario.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, en la Granja Penal Canadá, Escuintla, fueron asesinados 17 privados de libertad, tres de ellos por decapitación.

Para ninguno es un secreto que en los penales gobierna la mafia y que existe un grueso tráfico de drogas, licor y armas, así como una corrupción estremecedora, extremos que se han venido confirmando abundantemente a través de los motines, zafarranchos y fugas de presos.

Además, todos sabemos que en las cárceles guatemaltecas los delincuentes, en vez de rehabilitarse, se alienan y perturban más, al extremo que cuando cumplen sus condenas salen de las cárceles a delinquir otra vez, incluso con mayor peligrosidad.

Los amotinamientos y tragedias de las cárceles se repetirán una y otra vez, mientras no se implante un verdadero sistema penitenciario que cumpla con el doble objetivo de la reclusión y la rehabilitación, tal y como lo ordena la Constitución.

El Estado no puede seguir haciéndose de la vista gorda ante las condiciones deplorables en que se encuentran las cárceles del país. Hay dinero para despilfarrar en clientelismo político, en sobrevaloración de obras de infraestructura física, en el subsidio incontrolable al transporte urbano y en gastos superfluos, pero no lo hay para satisfacer las necesidades del sector justicia, al cual pertenece el sistema penitenciario, que es la columna vertebral del régimen de legalidad.

Para muestra un botón. En el presupuesto estatal para este año, los fondos para el sistema de justicia son mínimos en comparación con el gasto público destinado a clientelismo político, subsidios incontrolables y burocratización.

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