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Opiniones de hoy

Los presos políticos de Huehuetenango

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El proceso es significativo por múltiples razones.

 

El pasado 6 de julio inició el juicio contra Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Rigoberto Juárez Mateo, Domingo Baltazar, Arturo Pablo, Ermitaño López Reyes y Mynor López, autoridades comunitarias de Huehuetenango acusados de delitos de detención ilegal, coacción e instigación a delinquir. El proceso es significativo por múltiples razones, pero resaltaré dos. Primero, es una muestra de cómo en Guatemala se continúa con la práctica de criminalizar las luchas sociales, particularmente indígenas, para favorecer intereses de empresas privadas. Segundo, se evidencia el racismo y desconocimiento histórico sobre los procesos de lucha de comunidades indígenas por los operadores de justicia, específicamente del Ministerio Público.

 En los juicios por genocidio contra el Pueblo Ixil, quema de la Embajada de España y Sepur Zarco, fiscales del Ministerio Público (MP) demostraron a través de planes militares e informes de peritos, cómo durante el conflicto armado, el Estado y sus fuerzas de seguridad crearon al “enemigo interno”, cuya persecución terminó en actos de genocidio contra comunidades indígenas no combatientes. Esos juicios revelaron el papel de las elites nacionales, demostrando que la represión fue parte de la estrategia por defender intereses económicos. El juicio de Sepur Zarco fue explícito al mostrar que la lucha por la legalización de las tierras fue la causa de la instalación de destacamentos militares y la subsecuente violación y esclavitud sexual y doméstica de mujeres q’eqchi’.

 Paradójicamente, en este caso, es el MP –a través de la Fiscalía de Derechos Humanos– el que criminaliza a las  autoridades indígenas, catalogándolas de terroristas y ser “enemigo internos.” Parece que  para el MP las comunidades indígenas son colectivos estáticos, grabados en dolorosos años de aniquilación y no sujetos pensantes para quienes la incesante explotación, desigualdad y expoliación que enfrentan los mantiene en constantes luchas por la vida y sobrevivencia.

 El caso de  los presos políticos de Huehuetenango demuestra que la explotación por el beneficio económico de familias o empresas y  la continuación de la categoría de “enemigo interno” no son exclusivos del periodo de guerra. Este juicio es, además,  un llamado para que entidades como el MP analicen su participación en políticas del Estado, similares a las que han juzgado en el pasado.

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