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Opiniones de hoy

La soberanía patas arriba

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¿Quiénes entregaron la soberanía?

 

Dice la Constitución (Artículos 140, 141 y 142) que Guatemala es un Estado soberano, “organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades”. La soberanía la delega el pueblo en sus autoridades y se ejerce en todo el territorio (y el subsuelo), el mar territorial y los recursos naturales. ¿Han cumplido los organismos del Estado ejerciendo esa soberanía? Desgraciadamente, no.

El Estado ha sido incapaz de cumplir su mandato de ejercer soberanía en todo el territorio. Pondré un ejemplo. A fines de 2014 el MP y la CICIG desmantelaron una estructura criminal dirigida por la familia Mendoza en Izabal. Ese grupo criminal había arrebatado la soberanía al Estado e imponía su propia ley de despojos de fincas y de terror a la población. Cuando ocurrieron las capturas los pobladores llamaban a la CICIG llorando de la emoción, agradecidos por haberles librado del yugo.

Tres días después, sin embargo, llamaban llorando del miedo porque estructuras residuales del crimen fueron desplazadas desde Petén y llegaron a aterrorizar a los pobladores: quien testifique en contra de los Mendoza va a morir, él (o ella) y toda su familia. ¿Qué pasó? El Estado no llegó a recuperar la soberanía de ese territorio ni protegió a sus habitantes en los municipios de Izabal asolados por las mafias.

El martes el diputado Fernando Linares Beltranena, diputado que es, reclamó su investidura como depositario de la soberanía del pueblo, lo cual es formalmente correcto. El problema es que se dirigió al foro equivocado. No es la CICIG la que socava la soberanía. La CICIG está ayudando –como él ni ningún otro diputado lo hace– al Estado a recuperar su soberanía desmantelando las estructuras mafiosas que han conspirado con notable eficacia en contra de la constitución de un Estado capaz de “garantizar a sus habitantes” seguridad y bienestar. Ahora como representante del pueblo, Linares Beltranena tiene la obligación de fiscalizar que los otros organismos del Estado cumplan su deber constitucional y a la vez procurar una legislación más eficiente en contra de criminales, corruptos y narcos, sin importar que en su ejercicio privado como litigante, él (legítimamente) defendió a varios de estos.

Puedo traer otros ejemplos de traición a la soberanía por parte de diputados y otras autoridades en la entrega ilegítima de los recursos naturales –muchos de ellos no renovables– y la gran paradoja es que cuando los comunitarios reclaman el ejercicio de la soberanía sobre esos recursos les echan a la Policía, los persiguen y hasta los meten presos. Vamos a tener que hacer una digresión detallada del mandato constitucional, pues la soberanía también está patas arriba. ¿A quién reclamar lo que se entregó, se vendió y traicionó? ¿Quiénes son los responsables?

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